Los sindicatos agrarios, como URA o COAG, celebran la decisión judicial, mientras Ecoloxistes N’Aición y el Fondo para la Protección del Lobo están dispuestos a llegar al Supremo

Redacción/ Grau

El rechazo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) a suspender cautelarmente el plan de control del lobo ha provocado reacciones contrapuestas entre las organizaciones agrarias y los colectivos conservacionistas. COAG-Asturias y la Unión Rural Asturiana (URA) han celebrado la decisión judicial, que permite mantener las actuaciones previstas por el Principado, que incluyen la eliminación de 67 ejemplares, mientras se resuelve el recurso contra el programa. Por su parte, Ecoloxistes n’Aición d’Asturies y la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica han anunciado que recurrirán el auto y que, si no prospera su recurso de reposición, acudirán al Tribunal Supremo.

COAG considera que la resolución respalda la necesidad de mantener medidas de control para hacer frente a los daños que los ataques de lobos ocasionan a la ganadería extensiva. La organización agraria, que se personó en el procedimiento para defender los intereses del sector, sostiene que las medidas preventivas no siempre bastan para proteger las explotaciones. URA también ha mostrado su satisfacción con el auto y defiende que la gestión de la especie debe tener en cuenta las consecuencias económicas y sociales que los ataques tienen sobre los ganaderos. Ambas organizaciones habían apoyado la continuidad del programa autonómico, que contempla la muerte de 67 ejemplares durante la temporada 2026-2027.

En el lado contrario, las organizaciones ecologistas mantienen que el plan no cuenta con justificación científica suficiente y cuestionan que las extracciones sean compatibles con el estado de conservación de la especie. Los colectivos consideran que la eliminación de ejemplares puede ocasionar daños difíciles de reparar en la población y defienden reforzar medidas preventivas, como los cercados, el pastoreo y el uso de mastines. Tras conocer la decisión del TSJA, han anunciado que presentarán un recurso de reposición y que, si no prospera, llevarán el asunto al Supremo.

El auto judicial no resuelve definitivamente la controversia sobre la legalidad del plan, sino que rechaza paralizarlo de forma cautelar mientras continúa el procedimiento judicial. La decisión permite al Principado mantener las actuaciones previstas, pero deja abierta la resolución de fondo sobre el programa de control.