La guardería rechazó un 21% de las denuncias de daño de lobo en 2016

La consejera anuncia que presentará «en breve» un reglamento y elevará la cuantía de las indemnizaciones

Desarrollo Rural abatió en 2015 y 2016 un total de 9 ejemplares, aunque el número global de cánidos «extraídos» fue de 32

Redacción/Grado

La guardería de medio rural rechazó el año pasado un 21 por ciento de las denuncias por daño de lobos, según los datos facilitados esta mañana por la consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Álvarez, que compareció en la Junta General del Principado para someterse a las preguntas de la oposición sobre el cumplimiento de la moción aprobada por la Cámara para mejorar la gestión de esta especie. Álvarez considera que esta «discrepancia» entre las denuncias de los ganaderos y la certificación oficial de daños es una diferencia de criterio «que siempre existió», y que no influye en las estadísticas oficiales, que establecen que los ataques de lobos a la cabaña ganadera asturiana cayeron en los últimos cinco años un 21 por ciento, pasando de 22.984 expedientes aprobados en 2013, a 2.351 expedientes de daños autorizados en 2016.

La consejera anunció que «en breve» se sacará a información pública un reglamento de daños de fauna salvaje, y se elevará la cuantía de las indemnizaciones, que el año pasado supusieron un total de 749.862 euros. El presupuesto para el nuevo periodo es de 1,8 millones de euros, lo que permitirá agilizar los pagos, «pues no será necesario tramitar ampliaciones presupuestarias, uno de los problemas que dilataba el pago de los daños», manifestó María Jesús Álvarez.

Según las cifras presentadas por la consejera, en 2015 y 2016 (hasta abril de este año) la guardería rural abatió a 9 ejemplares de lobo, pese a que hizo 629 servicios de control, una cifra que tanto PP como Foro consideran irrisoria. En total, fueron 32 los ejemplares muertos en ese periodo, por distintas causas, y que se contabilizan dentro del cupo. «Les falta ponerle una esquela en el periódico a cada lobo», ironizó el diputado del PP Luis Venta.

La consejera considera que los datos avalan que el problema de la gestión del lobo, sin estar resuelto, no es tan grave como algunos colectivos denuncian. «Tenemos dos objetivos: mantener la especie en un estatus de conservación, como marca la directiva Hábitat de la Unión Europea, y evitar los daños a la ganadería. El número de daños ha descendido, lo que no ocurre en otras comunidades que han declarado al lobo especie cinegética, como León, y el número de manadas identificadas, con métodos técnicos solventes y contrastados científicamente, es estable, lo que indica que está en una buena situación de conservación». Y lamentó que «pese a los datos» las posturas ante la gestión del lobo sigan siendo irreconciliables, «aunque no renunciamos a buscar el consenso».

Respecto al nuevo plan, que fija un cupo de 45 ejemplares, Álvarez destacó que se autorizará que si aparece algún lobo en una cacería pueda ser abatido, y que se buscará una gestión más flexible, para mantener «la presión» sobre la especie. Además, está previsto capturar y marcar a cinco ejemplares para estudiar las costumbres de campeo de algunas de las manadas identificadas en la región.

Las explicaciones de Álvarez no convencieron a la mayor parte de la oposición. El PP acusó de ineficacia y desidia a la consejería, Foro Asturias habló de «oscurantismo» en los datos y exigió la publicación en la web de la consejería del nuevo plan (a lo que Álvarez se comprometió), mientras Ciudadanos acusó al Principado de «timorato» en la caza de lobos. IU, por su parte, le dio un respiro, asegurando que esperará a ver la evolución del nuevo programa, con más presupuesto para daños, mientras Podemos reclamó que se impulsen medidas de apoyo a la producción ganadera en zonas loberas, para compensar a los productos.