El anterior gobierno local de Oviedo, a juicio por presunta prevaricación por el ‘Mercáu de la Gascuña’
La Fiscalía pide 9 años de inhabilitación para el exalcalde, Wenceslao López y nueve concejales, entre ellos la portavoz de Somos, Ana Taboada, por autorizar la celebración mensual de la feria, «pese a que era contraria a la ordenanza municipal»
El ‘Mercaú de la Gascuña’, en Oviedo/ Foto La Voz de Asturias
Redacción/Trubia
El exalcalde, Wenceslao López y nueve miembros del anterior equipo de gobierno afrontan el próximo día 5 un juicio en la Audiencia Provincial por presunta prevaricación administrativa, por la autorización de la celebración del ‘Mercaú de la Gascuña’, en la calle Gascona. Los acusados, para los que la Fiscalía pide 9 años de inhabilitación para el ejercicio de cargo público, son además de López los actuales concejales socialistas Ana Rivas, Marisa Ponga y Ricardo Suárez; los concejales de Somos Uviéu Ana Taboada, Rubén Rosón e Ignacio Fernández del Páramo, y los ex ediles Mercedes González (Somos); Roberto Sánchez Ramos e Iván Álvarez (IU).
La Fiscalía sostiene que los acusados, miembros de la junta de gobierno de Oviedo en 2018, autorizaron por unanimidad a la Asociación de Hosteleros de Gascona «la ocupación de la vía pública para la celebración del llamado “Mercau de la Gascuña”, en la calle Gascona de Oviedo, el primer domingo de cada mes. Los acusados concedieron la autorización pese a que era contraria a la Ordenanza Municipal
Reguladora de las Ocupaciones de Espacios Públicos y la Ordenanza Reguladora de la Venta Ambulante. Los acusados tomaron esta decisión atendiendo a su mera voluntad personal,
con pleno conocimiento de actuar al margen de la legalidad y en contra de los informes técnicos que figuraban en el expediente administrativo, todos ellos contrarios a la autorización, sin motivar mínimamente la razón de que les llevaba a concederla y sin otro fundamento que el designio inevitable de los acusados de autorizar a toda costa el evento, comprometiendo con ello seriamente los intereses de terceros, incluso la seguridad pública». La pena de inhabilitación que pide la Fiscalía afectaría a la condición de alcalde o concejal, o a la posibilidad de presentarse a las elecciones o ser nombrado para puestorepresentativo, ejecutivo o gestor por una autoridad pública durante ese espacio de tiempo. No implicaría la pérdida de su condición de funcionario, si la tuvieran.
