LA CONSEJERA DE AGROGANADERÍA EXPLICA EN LA JUNTA LOS DETALLES Y DESTACA QUE LOS CAZADORES PODRÁN COLABORAR EN LAS TAREAS DE CONTROL DE LOS CÁNIDOS
La consejera de Agroganadería y Recursos Autóctonos, María Jesús Álvarez, anunció que el Principado aprobará este mes el nuevo Plan de Gestión del Lobo, un documento “que plantea cambios de calado que le confieren más eficacia en el control de la especie”.
“El nuevo texto permitirá que los cazadores puedan colaborar en las tareas de control, a pesar de que la especie no es cinegética, y que la guardería de la consejería encuentre un apoyo más activo en las guarderías de los cotos regionales de caza cuando se trate de acciones en estos lugares”, ha subrayado la titular de Agroganadería.
Álvarez compareció ayer ante la Comisión de Agroganadería y Recursos Autóctonos de la Junta General del Principado para informar sobre el cumplimiento de una moción del pleno relacionada con las demandas del sector ganadero acerca de la gestión de montes y la fauna salvaje. Durante su intervención, ha manifestado que todas las iniciativas parlamentarias se han trasladado al nuevo Plan de Gestión del Lobo, que ha sido informado por el Parlamento asturiano. Además, ha recordado que el Consejo del Lobo también analizó las modificaciones realizadas y dio su visto bueno al documento en una reunión celebrada el 12 de enero.
El nuevo Plan de Gestión del Lobo, que sustituirá al aprobado en 2002, establece que el Gobierno del Principado deberá desarrollar un reglamento de tramitación de los daños ocasionados por la fauna silvestre. En este sentido, la consejera ha explicado que su elaboración “es una consecuencia del proceso de revisión y actualización del reglamento de caza”, en el que su departamento “ha trabajado intensamente”, pero que actualmente está paralizado porque el Consejo de Caza no asumió la propuesta realizada.
No obstante, la Dirección General de Recursos Naturales y representantes de diferentes sectores afectados mantienen reuniones periódicas para realizar algunas modificaciones y continuar con la propuesta de tramitación del nuevo reglamento con el mayor consenso posible.
Por otra parte, Álvarez ha señalado que los acotamientos al pastoreo en zonas de monte que han sufrido un incendio forestal vienen regulados en el artículo 66 de la Ley del Principado de Asturias 3/2004, de 23 de noviembre, de Montes y Ordenación Forestal. Además, ha insistido en que el único propósito de esta medida es “regenerar la vegetación afectada”. “Con el acotamiento únicamente se busca evitar la pérdida y el empobrecimiento del suelo afectado, cuestión que a corto y medio plazo resulta beneficiosa para todos los colectivos que viven y trabajan en el medio, entre ellos, el de los ganaderos”, ha argumentado.
La titular de Agroganadería ha apuntado que el plazo mínimo de acotamiento que establece la legislación es de un año, que empieza a contar desde la fecha de publicación de la resolución en el BOPA y finaliza cuando la vegetación se ha recuperado. Transcurrido ese periodo, si se comprueba que el terreno ya está regenerado, se levanta el acotamiento, circunstancia prevista en la norma que regula esta práctica.
En todo caso, la consejera ha precisado que no toda la superficie acotada es objeto de aprovechamiento ganadero. “Al contrario, un buen número de hectáreas corresponden a terrenos forestados, es decir, superficies que no eran susceptibles de aprovechamiento como pasto antes del incendio ni lo serán después”, ha subrayado.
La Consejería de Agroganadería resolvió favorablemente el año pasado, con el consenso de los ganaderos, más de 47 expedientes de levantamiento de acotamientos parciales o totales, que suponen más de 35.500 hectáreas afectadas.
En cuanto a las labores de prevención de incendios, la consejera ha destacado que, pese a la prórroga presupuestaria, en 2014 continuaron las actuaciones y se limpiaron más de 1.400 kilómetros de senderos, 4.800 de fajas auxiliares en pistas y caminos y más de 200 hectáreas de fajas perimetrales. Todo ello en el marco de las subvenciones concedidas a los ayuntamientos para estas tareas.
La Dirección General de Política Forestal recibió el pasado año 41 solicitudes para quemas controladas en un total de 203 hectáreas. De ellas, se aprobaron 191 y se quemaron finalmente 155.
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