El patrimonio embargable del concejo para el cobro de la indemnización por sentencia judicial incluye aparcamientos, escuelas, los pisos de las colominas y de El Felgueru, acciones en empresas y otros bienes

El pleno, con los votos del PSOE y la abstención de IU,  reconoce la deuda de casi 3 millones de euros con los herederos de la mina

Beatriz Álvarez / Quirós

El ‘caso Murias’ puede dejar al concejo de Quirós sin todos sus bienes patrimoniales en el caso de que no se llegue a un acuerdo con los herederos de la mina cerrada en 1984, que reclaman cerca de siete millones de euros, aunque el ayuntamiento solo reconoce 2,7 millones. El patrimonio embargable del concejo para el cobro de la indemnización por sentencia judicial incluye el polígono industrial, el  aparcamiento situado en los bajos de la plaza del antiguo mercado, numerosas antiguas escuelas, los pisos de las colominas (grupo José Antonio) y de El Felgueru, acciones en empresas y otros bienes.

Este es el listado remitido por la secretaria del Ayuntamiento con los bienes patrimoniales del Ayuntamiento que obra en poder de los herederos del empresario desde 2014 y que se solicitó por el Juzgado en uno de los innumerables capítulos de esta historia cuando se intentó proceder al embargo de bienes del Ayuntamiento. La familia, según declaró a este diario, no pretende ejecutar de momento estos embargos porque dicen que van «de buena fe» y pretenden llegar a un acuerdo.

El pleno municipal aprobó ayer el reconocimiento de la deuda en una sesión con poco públicoa pesar de que en el mismo se empeñaba el futuro económico del concejo. Previa reunión de la Comisión de Cuentas se aprobó en el Pleno con los votos de los seis concejales presentes del PSOE y la abstención de los concejales de IU una propuesta de la Alcaldía para el reconocimiento de la deuda originada por el pleito que desde 1984 mantienen los quirosanos con la Compañía Explotadora de Minas y su propietario Valentín Antuña, ya fallecido por el cierre ilegal de una explotación a cielo abierto en la zona de Murias. El grupo municipal de IU que se abstuvo en la aprobación de lo referente a la mina lo hizo a la espera de poner analizar en profundidad junto a los servicios jurídicos de IU todo el expediente.
La propuesta de Alcaldía supone el reconocimiento de la deuda que tiene una cuantía de 2.735.095,70, la presentación de un plan anual de pagos; la solicitud de que este importe sea admitido en el denominado «Fondo de impulso económico». Se solicita al TSJ del Principado la posibilidad de que los pagos sean depositados en la cuenta de consignaciones que existe a tal efecto para que sea el tribunal el que determine a qué o a quién ha de entregarse ese dinero (a la cancelación de la deuda que Compañía Explotadora tiene con sus proveedores o a los herederos de Valentín Antuña)

Para comenzar a pagar esta importante cantidad que duplica el presupuesto del Ayuntamiento se han fijado los siguientes pagos: un importe de 86.000 euros para este año (integrado por las anualidades que durante 2014, 2015 y 2016 habían ido siendo reservadas por el Ayuntamiento a tal fin, más el remanente líquido de Tesorería de 32.000 euros); 48.000 euros para el año 2017, 68.000 para el 2018 y 88.000 para 2019.
El Ayuntamiento quiere hacer constar sus dificultades para conseguir cualquier tipo de financiación extra.
El Fondo de Impulso Económico es una medida del Gobierno Central cuya finalidad es que las Corporaciones locales puedan hacer frente a vencimientos y sentencias judiciales firmes sin comprometer su viabilidad económica y capacidad de gestión. Este fondo está previsto salga próximamente una nueva convocatoria, si bien en palabras de Ovidio García es fácil que no permitan meter en el mismo toda la cuantía de la deuda, pero sí una cantidad importante lo que supondría un desahogo para las machacadas finanzas del Ayuntamiento. Para la aprobación de esta propuesta de alcaldía, los presupuestos aprobados el pasado febrero tuvieron que ser modificados.

Otros asuntos

Asimismo en el Pleno de ayer se acordó dar prioridad al asfaltado del acceso a Muriellos Cimero y posponer la habilitación de un aparcamiento en una finca cedida temporalmente por un particular en Aciera. Aquí se argumentó que dada la actual situación no parecía apropiado emplear recursos públicos en un bien privado (aunque la finalidad de dicha actuación revirtiera en los usuarios de la zona, altamente concurrida por la proximidad de el espacio de escalada) Este argumento ya fue esgrimido por el grupo de IU cuando se opuso a la realización de esta obra parece que ahora adquiere fuerza.

Sigue aquí el ‘Caso Murias’