El presidente de la parroquia tevergana de Páramo, el edil Lagar Patallo, junto a vecinos y la abogada Pilar Martínez, denunciaron ante la UE la falta de compensaciones económicas a los afectados por la declaración de espacios protegidos
La eurodiputada Ángela Vallina, que llevó el caso a la comisión de Peticiones del Parlamento europeo, criticó que se ignoren dos sentencias del TSJA
La UE mantiene las quejas abiertas y exigirá información al Principado
Redacción/Santo Adriano
Espacios protegidos sí, pero no a costa de los derechos de los vecinos y propietarios de los entornos naturales. Esta es, en síntesis, la postura que trasladaron ayer a Bruselas vecinos y representantes de la parroquia de Páramo (Teverga), que acudieron junto a su abogada, Pilar Martínez, a la comisión de Peticiones del Parlamento, donde el caso se trató por iniciativa de la eurodiputada de IU Ángela Vallina.
La representante de la coalición en el Parlamento de la UE criticó que la Comisión Europea haya ignorado hasta en dos ocasiones las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que piden indemnizar a aquellas personas que han visto cómo sus tierras han pasado a formar parte de la Red Natura 2000 y, por lo tanto a estar protegidas por las leyes medioambientales europeas, teniendo que cesar las actividades que en ellas desarrollaban. El problema afecta en la comarca al parque natural de Las Ubiñas-La Mesa. Precisamente representantes de los propietarios y vecinos de éste último, en concreto de la parroquia rural de Páramo (Teverga) acudieron a Bruselas a exponer su problemática, en compañía de su representante legal, la abogada experta en asuntos medioambientales Pilar Martínez.
Ángela Vallina destacó que IU está de acuerdo en proteger los territorios de especial valor medioambiental, pero defendió que “la ley y los instrumentos que la desarrollan deben garantizar por un lado la compensación económica a los afectados, porque no pueden continuar con sus actividades, y por otro, deben contemplar un plan de gestión de la actividad”.
Esas compensaciones deberían llegar a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), pero la realidad, al menos en Asturias, es que el Estado no está dando ninguna indemnización a aquellas personas que ven cómo no pueden seguir dándole el uso que le daban a sus tierras. “No se puede proteger sin tener un plan después de gestión de esa actividad», defendió Vallina, que destacó la existencia de dos sentencias del TSJA “que dieron la razón a lo que plantean estos peticionarios aquí hoy”. Las razones principales, ha apuntado, “son que no existe una memoria de gestión de actividades, y que tampoco se han dado compensaciones económicas por la cesión de actividad de los propietarios”. “Y en muchos casos, esto ha sucedido con parroquias enteras dedicadas por ejemplo a la actividad ganadera”, ha denunciado.
La abogada Pilar Martínez, que obtuvo recientemente dos sentencias que tumbaban los Instrumentos de Gestión Integral de los parques, planteó la necesidad de que se revise todo el procedimiento de declaración Red Natura en estas zonas, haciendo especial incidencia en la falta de estudios técnico-científicos que las avalen. “Parece evidente que el primer coste de la conservación ha de ser el de compensar e indemnizar a aquellos que, en beneficio de toda la sociedad y a fin de contribuir a la defensa del interés público de la conservación, ven restringido el uso de sus propiedades y sus derechos como dueños. Además, así lo establece la jurisprudencia nacional y la europea”, defendió Pilar Martínez, que estuvo acompañada del presidente de la parroquia rural de Páramo y concejal del PP en Teverga, Ángel Lagar Patallo. La eurodiputada del PP Rosa estarás también defendió la petición de los afectados por la red Natura 2000.
José Fernández García, vecino de la Villa, y ex presidente de FAPAR y de la Parroquia Rural de Páramo, también acudió a Bruselas. «El resultado de la Comisión no puede dejar plenamente satisfecho a los que vinieron con la reclamación, pero también es evidente que desde la propia Comisión se reconoció el incumplimiento tanto del Principado como del Ministerio, que también tiene competencias», señaló.
La presidenta de la comisión de Peticiones, Cecilia Wikstrom, ha accedido a mantener abiertas las quejas de los representantes de las peticiones asturianas y a solicitar información a las autoridades españolas, recordando que esas compensaciones se pueden hacer a cargo de los Feader y que así debería estar sucediendo.
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