REPORTAJE SOBRE LA FRONTERA TERRITORIAL QUE MARCA EL FINAL DE LEÓN POR CABRILLANES Y EL PRINCIPIO DE ASTURIAS POR SOMIEDO
La diputada Carmen Fernández pide que se modifiquen ya los Instrumentos de Gestión de los espacios
Redacción/Grado
El grupo parlamentario de Foro Asturias, que impulsa en la Cámara asturiana una modifcación de la regulación de los parques naturales, instó esta mañana al Gobierno regional a asumir los fallos de la actual regulación, que acumula, destaca, 14 fallos judiciales en contra. La diputada de Foro y portavoz en materia de agroganadería en la Junta General, Carmen Fernández, considera que “una consejera responsable debiera estar trabajando ya en la modificación de los IGI (Instrumentos de Gestión Integrados) de los espacios naturales y no esperando nuevas sentencias judiciales que la obliguen”.
La diputada destaca que “hasta un total de 14 sentencias del Tribunal Supremo anularon el anterior Plan Rector de Uso y Gestión y el Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural de Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias. Posteriormente, y tras la aprobación de los nuevos instrumentos legalmente previstos para la regulación de los espacios naturales en Asturias, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, anuló dichos instrumentos, al menos respecto al Parque Natural de Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, y al de Las Ubiñas-La Mesa”.
Por tanto, “es evidente que los defectos que han aparecido en los IGI anulados están también en el resto, por lo que es urgente la modificación de los mismos. La consejera ya esta reprobada por toda la Cámara salvo por su grupo pero con estos comportamientos sigue justificando su incompetencia”, considera Fernández, quien añadió que “existen en Asturias otros muchos Instrumentos de Gestión Integrados que atañen a distintos espacios naturales y cuya tramitación, estructura y contenidos resultan idénticos a los de Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias y al de Ubiñas-La Mesa que han sido objeto de anulaciones mediante fallo judicial, razón suficiente para extrapolar dichos fallos al resto de instrumentos, cuya única diferencia con los anulados es que no han sido llevados ante los tribunales, pero que, un mínimo ejercicio ético y jurídico, aconseja revisar”.
“La nueva elaboración debe contar con la participación ciudadana y, más en concreto, con los titulares de intereses y derechos afectados”, concluyó la diputada.
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