Asturias logra que Madrid acepte el uso tradicional del cucho

Desarrollo Rural consigue que más del 90 por ciento de la superficie afectada quede fuera de la norma de purines

Redacción/Grado

El decreto que obliga a enterrar el purín y el cucho no afectará al 91 por ciento de la superficie agrícola asturiana. Tras la reunión mantenida ayer en el Ministerio, Asturias ha conseguido que Madrid acepte el uso tradicional del cucho, y que respete las condiciones específicas de la región para la aplicación de purines. Todas las fincas inferiores a 5.000 metros cuadrados de superficie, o que tengan una pendiente media superior al diez por ciento quedan exentas de inyectar los purines bajo tierra. También las explotaciones que tengan el purín en fosas cerradas y lo apliquen con temperaturas medias inferiores a los 12 grados. El uso del cucho tradicional también quedará exento de la aplicación de la norma. Con estas excepciones, anunciadas ayer por la consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Álvarez, «el 91,5 de la superficie de la PAC queda exenta de aplicar el Real Decreto, un total de 186.582 hectáreas podrán seguir usando el cucho como lo venían haciendo hasta ahora». Así lo ha anunciado la consejera de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, María Jesús Álvarez, tras la reunión celebrada hoy entre el Fondo Español de Garantía Agrícola (FEGA) y técnicos de las diferentes comunidades autónomas. Álvarez ha asegurado que su departamento publicará en los próximos días una resolución en el Boletín Oficial del Principado (Bopa) con la normativa asturiana sobre purines.

La consejera destacó que su departamento ya había presentado alegaciones contra la normativa el pasado mes de julio, y que en diciembre planteó una moratoria en su aplicación, «ya que era imposible aplicarla con tan escaso margen». Sin embargo, aún no ha obtenido respuesta del ministerio a esta petición de moratoria. Álvarez puntualizó que el Real decreto no prohíbe el uso de purín y cucho a todos los ganaderos y agricultores, sino a aquellos que perciben ayudas de la Política Agraria Común, con compromisos ambientales.