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Mueren dos ejemplares de buitre envenenados en Proaza

Inicio . Página principal @ Campo Mueren dos ejemplares de buitre envenenados en Proaza

La Coordinadora Ecoloxista d’Asturies considera «insuficiente» la Estrategia contra el Uso del Veneno del Principado, que se encuentra en fase de consultas, y pide endurecer la lucha contra el uso de cebos

Mapa de distribución de venenos de la Estrategia regional contra el uso del veneno

Redacción/Grado

La Coordinadora Ecoloxista d’Asturias ha denunciado el hallazgo de dos buitres envenenados en las cercanías de Proaza, ejemplares que fueron rescatados por Agentes del Medio Natural pero a los que no se pudo salvar la vida. Los ecologistas denuncian este caso para poner de relevancia el problema de uso de cebos envenenados en Asturias, en el marco de la tramitación de la Estrategia contra el Uso del Veneno del Principado de Asturias, un documento regional que está en trámite de consultas, y al que la organización ha presentado observaciones, ya que lo considera «insuficiente» y que «llega tarde después de decenas de animales salvajes y domésticos envenenados», después de años de «hacer oídos sordos» a las peticiones de actuación.

Un buitre, en vuelo/ Foto Coordinadora Ecoloxista d’Asturies

Para la Coordinadora, «Asturias es una de las pocas comunidades españolas que no  Estrategia contra el Veneno a pesar de la continuidad del problema del veneno en los entornos rurales y urbanos, ya hay estrategia en otras comunidades desde el año 2004, aquí han pasado 14 años para un borrador encima muy poco ambicioso», pese a que trata de luchar contra una práctica penada en el Código Penal «pero que es muy difícil pillar a los responsables por la escasez de medios de investigación y vigilancia».

Los ecologistas destacan que se trata de un problema ambiental que afecta al 57 por ciento de la superficie asturiana, sobre todo en el Sur de la región (entre otros territorios, el Camín Real de la Mesa, aunque según los datos oficiales los concejos más afectados no están en la comarca, dado que donde más cebos envenenados han sido localizados son Cangas del Narcea, Cabrales, Peñamellera Alta, Tineo y Caso).

Respecto al diagnóstico, la Coordinadora Ecoloxista considera que el Principado «minimiza» el problema al asociarlo a los daños del lobo, «y para nada se citan unas prácticas delictivas por parte de algunos, vecinos,  cazadores y ganaderos en algunas zonas de Asturias de forma continua. Los venenos se usan en Asturias para eliminar otros muchos animales salvajes además del lobo, pero el lobo acaba llevándose la culpa de todo».

Respecto a las medidas para luchar contra esta práctica, ven «buena intención» pero escasez de medios, «cuando lo que se necesita es más personal tanto técnico como guardas, así como de medios para perseguir este grave delito ambiental que hasta ahora poco se ha perseguido por el Principado.

«Creemos necesario que a las escasas medidas propuestas por el Principado se añadan algunas más en la misma línea que han regulado otras comunidades españolas: monitorización sobre la zona con más casos de veneno para poder pillarlos; mejorar el control de los animales domésticos asilvestrados y perseguir el abandono de éstos, pues parece que nadie quiere reconocer el problema de perros y gatos asilvestrados; agilizar de verdad  los pagos de la compensación de los daños ocasionados por la fauna salvaje cuando estos procedan, no como sucede ahora que por más que se presuma en el documento de ser los más rápidos de España, los afectados se quejan de demoras de meses cuando no de años; denunciar públicamente el Principado los casos conocidos de uso de venenos y dar publicidad de las resoluciones judiciales condenatorias y las sanciones administrativas«, plantean. Además, proponen impulsar medidas «cautelares y restauradoras» como la suspensión del aprovechamiento cinegético (caza) para «facilitar las labores de búsqueda, investigación y determinación de responsabilidades» y para «preservar la seguridad alimentaria, durante un tiempo de control y vigilancia», así como la restricción de acceso a zonas con posible presencia de cebos envenenados y la prohibición de «pastoreo o tránsito de ganado en zonas con venenos durante un tiempo de control y vigilancia».

 

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