El consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, estima que el fuego de Soto de los Infantes, entre ambos concejos, alcanzó la categoría de Gran Incendio Forestal, con más de 500 hectáreas quemadas

Destaca que la inmensa mayoría de los fuegos fueron provocados «por personas, sin estigmatizar a ningún colectivo» y pide conciencia social ante el problema

Redacción/Grado

Salas y Belmonte de Miranda están entre los concejos más afectados por la última oleada de incendios forestales, que está ya en fase de remisión, aunque continúan 8 incendios controlados y cinco activos, según el último balance del SEPA. El consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, ofreció hoy las primeras estimaciones del episodio de alerta, y estimó que el de Soto de los Infantes, que afectó a Salas y Belmonte de Miranda, entraría en la categoría de Gran Incendio Forestal, con una superficie quemada de más de 500 hectáreas. Otro incendio en Belmonte ha podido superar las 200 hectáreas, indicó Martínez, aunque aún no se dispone de los datos definitivos.

El consejero señaló que la oleada de fuegos fue similar, en cuanto al volumen de incidentes, al que se vivió en la región en diciembre de 2015, aunque apuntó que los daños ocasionados fueron menores que en aquella ocasión. En total, se produjeron 380 incidentes en 39 concejos, agravados por «condiciones muy adversas», con vientos de más de 100 kilómetros por hora algunos días, lo que avivó las llamas de fuegos ya controlados y dificultó las tareas de extinción. El 112 recibió 13.154 llamadas.

El consejero hizo un llamamiento a la conciencia social para evitar este tipo de incendios, que en su inmensa mayoría, aseguró, son provocados, y aseguró que se están haciendo las investigaciones necesarias para identificar a los autores, en colaboración con la Fiscalía y el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona). «No queremos estigmatizar a ningún colectivo en concreto, pero cuando el índice de incendios prohíbe quemar, no se puede quemar, y cualquier persona que lo haga merece no sólo el castigo judicial, sino también el reproche social, porque pone en riesgo el medio ambiente, los bienes y la vida de las personas. Es necesario concienciarse de ésto».