Los sindicatos agrarios ven en la protección del lobo «un cañonazo a la ganadería extensiva»
Centrales como Asaja y Asturias Ganadera consideran «un despropósito» el aumento de la protección a la especie, «que no corre ningún riesgo de extinción»
Lobo ibérico / Foto Rjime
Redacción/Grado
El aumento de la protección al lobo y la prohibición de su caza, aprobada ayer con el voto de calidad del Ministerio en una reunión de la Comisión de Patrimonio Natural, ha caído como un mazazo en las organizaciones agrarias, que consideran que es «un cañonazo contra la ganadería extensiva», es decir, la que tiene a los animales pastando en libertad y no estabulados, que es la mayoritaria en Asturias. Así lo ha definido la central ASAJA y también organizaciones como Asturias Ganadera, que ha pedido al Principado que recurra cualquier paso en el aumento de la protección a la especie. El consejero de Medio Rural, Alejandro Calvo, se reunirá hoy con representantes del resto de las comunidades afectadas (Castilla y León, Galicia y Cantabria) para coordinar las acciones que tomarán contra la decisión del Gobierno. Las organizaciones ecologistas y conservacionistas, por su parte, aplauden la decisión, que prohíbe expresamente cazar lobos, como permite, con cupos por territorios, el plan de control del lobo de Asturias. El PP defiende un paso más allá, la declaración del lobo especie cinegética, como el jabalí.
Para las organizaciones de ASAJA de la Cornisa Cantábrica y Castilla y León el aumento de la protección a la especie es «un verdadero despropósito», y destacan que ha sido apoyada por el Ministerio y las comunidades menor afectadas. «Ahora bien, dado que esta votación no es vinculante para la decisión final a adoptar por parte del Ministerio para la Transición Ecológica, estas seis
organizaciones exigimos al Gobierno español y al principal partido del gobierno, PSOE, que no materialice tan fatídica decisión. No se puede hablar de apoyo a la ganadería extensiva y de apoyo a la España despoblada impulsando medidas como ésta que son un verdadero cañonazo en toda línea de flotación de la ganadería extensiva, tanto de bovino como de ovino y caprino, y contra las políticas destinadas a evitar el despoblamiento.
El sindicato agrario asegura que la especie no está en riesgo en España. «Tal y como recogen diversos informes, entre ellos el redactado por el biólogo Mario Sáenz de Buruaga, la evolución de la población del lobo a nivel de la península ibérica es claramente ascendente y se encuentra en un estado de conservación favorable, por lo que desde el sector ganadero no llegamos a comprender el empeño de determinados grupos ecologistas en impulsar una mayor protección del lobo, cuando como especie no corre ningún riesgo de extinción y menos aún, que dichas pretensiones ecologistas logren el apoyo desde el campo político. Visto lo visto, la decisión final está en manos del gabinete que preside Pedro Sánchez y con mayoría del PSOE. El PSOE debe optar entre apoyar o dar un varapalo a la ganadería extensiva. El PSOE debe optar entre luchar contra el despoblamiento rural o apoyar este tipo de medidas que aceleran el abandono de amplias zonas rurales», concluye ASAJA.
Asturias Ganadera, por su parte, considera que el hecho de que ninguna de las comunidades con poblaciones significativas de lobos aprobasen la medida «deslegitima» la iniciativa. «El lobo tiene poblaciones estables y consolidadas al norte del Duero que hacen innecesaria una mayor protección de la que tenían en el Principado. En Asturias no es viable la coexistencia entre ganadería extensiva y el lobo basándose únicamente en medidas preventivas y compensatorias, sino que serán siempre necesarios, por la naturaleza de nuestros ecosistemas silvopastoriles, los controles poblacionales», defiende el colectivo, que acusa al Ministerio de apoyarse en un comité científico «diseñado ad hoc», «pues ni siquiera se contó con la opinión de los expertos y especialistas de las regiones con mayor población lobera». A su juicio, la protección «exacerbará el conflicto social, y alimentará el sentimiento de desatención entre la población rural por decisiones tomadas desde el ámbito urbano», lo que llevará «a dos caminos: el fomento de la injusticia (más abandono de la actividad pastoril) y de la ilegalidad (algunas personas buscarán alternativas ilegales para disminuir sus problemas)». Y exigen al Principado que use todos los medios a su alcance para impedir que la medida aprobada ayer se haga efectiva.
