La definición de agricultor activo y las medidas ‘verdes’ centran los recelos sindicales, que temen acabar financiando la política ambiental de la UE
La nueva Política Agraria Común encara este otoño su hora definitiva. El próximo jueves 21 de octubre se celebrará una cumbre entre el Ministerio de Agricultura y las comunidades autónomas, de la que tendrá que salir el Plan Estratégico Nacional que España debe presentar antes de final de año a la UE. El documento de partida del Ministerio llega a esta fase con poco consenso, aunque el ministro, Luis Planas, ha advertido que el acuerdo debe alcanzarse, «sí o sí», y que hay objetivos que son innegociables, como los ambientales, aunque sí hay margen en su aplicación concreta.
El marco financiero se mantiene globalmente, un avance importante, pero la letra pequeña del plan no ha gustado a los sindicatos agrarios y tampoco ha convencido a muchas comunidades autónomas. Asturias aún espera alcanzar un texto que beneficie a las comunidades de la Cornisa Cantábrica y tenga en cuenta a las explotaciones familiares y en extensivo.
Uno de los aspectos que no ha gustado a sindicatos como COAG es la definición de ‘agricultor activo’, ya que no sólo se incluye a los profesionales, que cotizan en la Agraria y tienen en el campo su forma de vida, ha abierto la puerta a todos aquellos que perciban un 25 por ciento de sus rentas del campo, y también a los que fueran perceptores en los últimos años de hasta 5.000 euros en ayudas. Una medida que el Ministerio ha considerado necesaria para no expulsar de la cadena alimentaria a los agricultores a tiempo parcial, pero que no gusta a los que defienden que la PAC debe ser para los que viven del campo y en el campo.
La propuesta pretende evitar que haya grandes rentistas, fijando un tope máximo de 100.000 euros por explotación, y quiere favorecer el asentamiento de jóvenes y de mujeres. Pero es en las medidas medioambientales donde más suspicacias ha suscitado el documento, ya que los sindicatos temen «acabar financiando la política ambiental de la UE».
La llamada ‘arquitectura verde’ de la PAC tiene una serie de medidas mínimas que serán obligatorias para poder seguir percibiendo las ayudas directas, las llamadas «medidas de condicionalidad ambiental», e introduce además los ‘ecoesquemas’, medidas voluntarias que serán necesarias para acceder a ayudas vinculadas. La fuente de financiación de estos ‘ecoesquemas’, dotados en España con 1.107 millones de euros al año, no ha gustado a las centrales agrarias, ya que consumirá un 23 por ciento de las ayudas directas. En el segundo pilar de la PAC se mantienen las ayudas a las zonas de montaña, explotaciones en extensivo y Red Natura 2000, muy importantes para Asturias.
Uno de cada cinco beneficiarios asturianos cobra menos de 1.250 euros de ayudas
En Asturias hay un total de 9.443 perceptores de la PAC, para 63,9 millones de euros de fondos FEAGA, los que financian directamente al sector primario. Hay además otros 53,6 millones de FEADER, fondos de desarrollo rural procedentes tanto de la UE como el Estado, que se destinan a la diversificación económica y la mejora de los territorios rurales. Son unos 7.344 los beneficiarios de este pilar de la Política Agraria, muchos de ellos beneficiarios también del primer pilar, lo que deja en algo más de 10.700 los perceptores de algún tipo de ayuda de esta política europea.
Uno de cada cinco beneficiarios de ayudas directas (un total de 1.941 explotaciones) cobran menos de 1.250 euros, y el siguiente grupo más importante, con un 11,5 por ciento de los beneficiarios, algo más de un millar, ingresa entre 2.000 y 3.000 euros. Solo 3 están entre los 80.000 y los 100.000 euros de ayudas, y ninguno supera ese techo, que será el máximo por explotación con la nueva PAC. Para hacernos una idea, en regiones como Andalucía hay 1.497 explotaciones que ingresan más de 100.000 euros, de ellas 136 cobran más de 400.000 euros.
Además de la amplia ‘clase media’ de agricultores en Asturias, frente a grandes perceptores de otras regiones españolas, el Principado tiene otras singularidades: más mujeres al frente, con un total de un 52,2 por ciento, frente a una media del 27 por ciento de mujeres titulares de explotaciones en España, y un 1,29% de jóvenes, cuando la media española es del 0,69%.
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