La familia de vecino de Grado que el pasado 4 de agosto agredió con un arma blanca (un cuchillo de cocina) a dos agentes de la Guardia Civil de Salas cuestiona el protocolo que se aplicó para su detención, que acabó con el hombre ingresado en el HUCA con varias lesiones, y dos agentes heridos, uno en una mano y otro en la cabeza, lesiones por las que aún continúan de baja.

El hijo del vecino, Evaristo Rodríguez, señala que la situación en la que se produjo la detención de su padre era «muy tensa». El hombre, con problemas mentales, había sido detenido ya la semana anterior, para ser revisado por el forense. «Una vez examinado lo dejan en libertad, en una situación de abandono tanto física como psíquica sin documentación, sin teléfono, y sin dinero ya que en el momento de la detención no le fue posible coger sus pertenencias en el domicilio». Tras este episodio, una semana después hay una nueva orden para trasladarlo al Juzgado de Grado. «Eran conocedores de la situación así como del estado que se encontraba puesto que ya eran numerosos los enfrentamientos con vecinos e incluso con las propias fuerzas de seguridad. Dado el problema mental que padece, estaba en su domicilio y con miedo a que lo mataran, por lo que se negó a abrir la puerta. Fue cuando procedieron al derribo de la misma, y él se defendió con un cuchillo de cocina, y no con un machete ni otras herramientas», precisa Evaristo Rodríguez. A su juicio, «conociendo la situación, no se tomaron las medidas oportunas ni un protocolo acorde a la misma, como contar con la familia para no crear una situación tan tensa, o al menos con un sanitario y un psicólogo antes de utilizar la fuerza mayor». El hijo del detenido asegura que su padre llegó al hospital «presentando numerosos hematomas por todo el cuerpo, heridas que llegaron a necesitar atención quirúrgica en el ojo izquierdo de las cuales aún tiene secuelas, con una tensión en las esposas que llegaron a producir cortes en ambas muñecas». En la actualidad, su salud es estable, está siguiendo el tratamiento indicado «y en una situación totalmente tranquila acompañado por su familia».

En cuanto a su situación penal, la familia asegura que está «libre y sin cargos». Había sido taxista y era ganadero, y en el momento de su conflictiva detención se enfrentaba a una acusación por maltrato animal. Su hijo asegura que en ese momento «los animales estaban al día con la hoja de saneamiento y toda la documentación, si bien es cierto que dada su situación física y mental las cosas no fueron fáciles, llegando a tener que intervenir la patrulla del Seprona y los servicios veterinarios además de personal de la consejería de Medio Rural». Evaristo Rodríguez era socio de la ganadería, por lo que también se enfrentaba a la acusación. Les pedían dos años de cárcel y una sanción de entre 60.000 y 120.000 euros, y tenían también 9 actas administrativas de la consejería. «Los delitos de maltrato han sido archivados por el Juzgado de Grado al no existir indicios del mismo, y también las nueve actas emitidas por la consejería han sido archivadas, al demostrarse la situación psíquica que atravesaba uno de los socios y la buena disposición y ayuda en poner los medios necesarios para que todos los animales cumplieran con las exigencias veterinarias oportunas del otro socio».