Los sindicatos ASAJA, COAG y UCA han trasladado una batería de peticiones a la delegación de Gobierno, ante «la crisis de rentabilidad sin precedentes» del sector, que ya estaba al límite antes del conflicto bélico
Redacción/Grau
La guerra de Ucrania ha comenzado ya a afectar al precio de los cereales, y preocupa su repercusión en los piensos. LaLonja de León registró un aumento de 15 euros por tonelada tanto en trigo como en centeno, y no hubo acuerdo en la mesa sobre el precio del maíz. El trigo y el centeno pasan a cotizar a 295 y 280 euros por tonelada. 14 euros sube la cebada para situarse a 295 euros, mientras que la avena es la que más crece hasta alcanzar un valor de 290 euros. El conflicto bélico ha generado un enorme nerviosismo en los mercados de cereales, ya que España importa de Ucrania el 30% del maíz que consume y el 17% del trigo. Esta situación llega en un momento de «crisis de rentabilidad sin precedentes», según señalan los sindicatos COAG, ASAJA y UCA, que ayer mantuvieron una reunión con la delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa, para trasladarle una batería de peticiones. La crisis del sector, destacan los sindicatos, «es consecuencia de los elevados costes de producción que no se ven compensados con el precio que reciben por sus productos», una situación agravada por normativas que «dañan gravemente al sector como son la Orden LESPRE, el Proyecto de Real Decreto por el que se establecen las normas básicas de Ordenación de las Granjas Bovinas o el Anteproyecto de Ley de protección y derechos de los animales y trasladamos una serie de peticiones que ayuden a los ganaderos a superar la actual crisis, que incluso se puede ver agravada con el conflicto en Ucrania», señalan los sindicatos.
Estas son sus peticiones, que la delegada del Gobierno se ha comprometido a trasladar a los ministerios afectados:
Sobre la fiscalidad:
1. Reducción del IVA que soportan los agricultores y ganaderos, que se encuentra entre el 10% y el 21%, equiparándolo al IVA superreducido del 4%, teniendo en cuenta que la actividad que desempeña el sector es esencial para la sociedad a la que abastecen de alimentos.
2. Exención total para las ayudas PAC hasta 60.000 euros. Posibilidad de aplicar mayores bonificaciones fiscales en IRPF e Impuesto de Sociedades debido a la situación extraordinaria que atraviesa nuestro sector.
3. Exención fiscal para las ayudas de creación a empresas agrarias y planes de mejora. En este sentido parece insuficiente lo previsto en el R.D 5/2020 de 25 de febrero que permite imputar en 4 años las ayudas públicas a la primera instalación. Consideramos esa medida insuficiente y pedimos que esas dos ayudas queden exentas de tributación.
4. Exención o reducción de las cuotas de la Seguridad Social durante los 5 años tras la incorporación para los jóvenes que se den de alta en la actividad agraria y se den de alta en el RETA o SETA.
Sobre la financiación:
Medidas para la mejora de la financiación del sector agrario, consistentes en la puesta en marcha de créditos para liquidez y periodos de carencia de dos años para aplazar los pagos de los créditos pendientes.
Ley de la Cadena Alimentaria:
Para una correcta aplicación de esta norma sería primordial contar con estudios de costes de producción en las explotaciones. Dada la actual situación económica muchos agricultores y ganaderos no pueden asumir el pago de esos estudios por lo que se hace necesaria alguna línea de ayuda de las Administraciones que permita tener esos datos y poder dar fuerza en las negociaciones de los precios con industria y distribución. Incidir en que es imposible proteger el anonimato de los productores en las denuncias al AICA, lo óptimo sería que este Organismo actuara de oficio.
Actualizaciones de la titularidad de fincas rústicas:
Uno de los hándicaps para el relevo generacional es la falta de base territorial para los nuevos agricultores y ganaderos. Consideramos que se hace necesaria la modificación del Código Civil y de la Ley y Reglamentos Hipotecarios para facilitar la investigación de la titularidad de fincas rústicas y la cesión para la explotación a sus interesados.
Banco de Tierras:
Dotar de presupuesto al Banco de Tierras para reactivar las prejubilaciones en el campo, facilitando así la disponibilidad de base territorial para los jóvenes que deseen incorporarse a la actividad agraria.
Armonización de todos los PGOU:
En lo relativo a los requisitos tanto para la construcción de edificaciones agrícolas y ganaderas como para la legalización de las actuales edificaciones.
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