Redacción/ Grau
La empresa Aratel proyecta la construcción de un nuevo parque eólico que afecta a los concejos de Cudillero, Salas y Pravia. El proyecto, cuyo estudio de impacto ambiental está en periodo de información pública hasta el jueves, está situado en las sierras de Pumar y de Villarín entre las cotas de 500 y 700 metros aproximadamente sobre el nivel del mar. El plan prevé la instalación de 8 aerogeneradores de 135 metros de altura y 170 metros de diámetro de rotor entre el pico de Andolinas y Pico Candanéu. El plan incluye la construcción de 4 kilómetros de nuevos viales, además de una línea aérea de evacuación.
La Coordinadora Ecoloxista d’Asturies considera que el proyecto, que lleva el nombre de Parque Eólico Pravia, es «inviable» ya que denuncia que se ubicaría a menos de un kilómetro de cuatro núcleos de población, todos ellos del concejo de Pravia: Ablanedo, a 773 metros del futuro parque eólico; Sangreña a 689 metros; Valdiviello, a 685 metros y Carceda, a 799. Los ecologistas han presentado ya una alegación, en la que argumentan que la distancia mínima de un kilómetro «a entidades de población delimitadas como Núcleo Rural», según las directrices que regulan su instalación.
La Coordinadora destaca el impacto visual del futuro parque, «al estar situado en la Sierra de Pumar y Sierra de Villarín entre las cotas de 500 y 700 metros aproximadamente sobre el nivel del mar, entre el Pico de Andolinas y Pico Candanéu. Los molinos van a tener una torre de 135 metros y un rotor de 170 metros, por lo que su altura va a superar los 220 metros reales de altura», y destacan también el impacto de la línea aérea, «de doble circuito 22kV/50kV, de 6.536 metros, desde la subestación del parque eólico hasta la subestación eléctrica existente de Pravia». «Hay que recordar que el desarrollo de los parques eólicos en Asturias ha estado plagado de irregularidades, algunas sin resolver, como la de que todo este conjunto de parques debería someterse a una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) de acuerdo a la Directiva 2001/41/CE y de acuerdo a la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. Lo que está haciendo el Principado es permitir que se tramiten decenas de parques por separado a pesar de que resulta evidente que se trata de los mismos parques, ya que algunos van pegados a otros y comparten instalaciones», critica la Coordinadora.
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