Memoria histórica de los últimos 40 años
Por Casimiro ÁLVAREZ
Leía el otro día en un periódico regional, que la relación de cotizantes a la Seguridad Social en Oviedo era de unas 50.000 personas trabajando en el sector público, mientras tan solo 24.000 cotizan en el sector privado. Como supongo que esos datos serán extrapolables al resto de España, acabo de descubrir la razón de la quiebra de la Seguridad Social, y hasta del propio país entero.
Porque esos 24.000 del sector privado, deben financiar los salarios y cotizaciones de los 50.000 asalariados del sector público, más el 12,87 % de los cotizantes, que perciben el seguro de desempleo, más los que reciben ayudas sociales, en Asturias no menos de 45.000, más otro sinfín de ayudas para “ninis”, jóvenes que ni estudian ni trabajan, personas con discapacidad, inmigrantes, pensionistas, etc.
El principio económico por el que todo se debe regir, personas, familias, empresas, y cualquier organismo público, es que los gastos nunca deben superar a los ingresos. En caso contrario la ruina está asegurada. Pero algo tan obvio es ignorado por unas cuantos, cada vez más, irresponsables y malcriados, que se han propuesto malvivir sin trabajar, a base de engaños, estafas y subvenciones públicas, más otros pocos mentecatos que juegan a ser empresarios, sin los más elementales conocimientos, ni voluntad de esfuerzo o formación; pero sobre todo, por la totalidad de la clase política, que no conformes con sus escandalosos sueldos y privilegios, dilapidan nuestro dinero en las mayores chuminadas, como si se tratara de un pozo sin fondo.
Cuando el dinero escasea, como es lo acostumbrado, el gasto debe moderarse y ajustarse a un riguroso orden de prioridades. No se puede repartir dinero entre los chavales que ni estudian ni trabajan, mientras se le escatiman servicios a los ancianos que pasaron su vida trabajando de sol a sol. No se pueden pagar sueldos descomunales a tantos políticos inútiles y corruptos, mientras se hacen recortes en la enseñanza y la sanidad. No se puede seguir aumentando la plantilla de empleados públicos, mientras empeora, día a día, la atención a los españoles en todas las administraciones públicas, eliminando la atención presencial, y hasta telefónica, que es sustituida por mensajes grabados, citas previas imposibles porque nadie responde las llamadas, etc. y todo ello a pesar de contar con los mejores medios informáticos y de telecomunicaciones de la historia.
Pero hagamos un poco de memoria histórica. Se cumplen estos días 40 años de la victoria socialista, cuando Felipe González logró mayoría absoluta en las Elecciones Generales, que suponía la ansiada llegada de la izquierda al poder, después de 40 años de dictadura y otros 7 de transición a la democracia; que, desgraciadamente, pasó de un triunfo arrollador y esperanzador, a un declive plagado de escándalos, y que sirvió, sobre todo, para enriquecer de manera desvergonzada a los políticos de toda condición, y sus allegados. La falta de una oposición organizada propició cuatro convulsas legislaturas, hasta que se hizo insoportable el nauseabundo hedor de tanta putrefacción, vino Aznar, el prepotente, que si bien corrigió ligeramente la deriva económica, terminó con todos sus ministros implicados en gravísimos casos de corrupción. Lo sustituyó el pazguato Zapatero, que, como era de esperar, dejó el país sumido en la devastación económica, mientras regaba de concesiones a los independentistas, y demás organizaciones pandereteras. Le sucedió el siniestro Rajoy, que lejos de enmendar los desmanes de su antecesor, se limitó a decir vaguedades y hacer gallegadas. Y para colmo de males nos llegó este papanatas sin escrúpulos, capaz de aliarse con Belcebú para permanecer en la Moncloa, y rodeado de la más impresentable sarta de inútiles y majaderos, que dan lecciones de comunismo al más puro estilo estalinista, nadando entre caviar, perifollos de seda, y sobre todo sustanciosas cuentas; con destacados ejemplares como Irene Montero, Pablo iglesias y la insustancial sacamuelas Yoli Díaz.
Entre unos y otros nos han conducido al borde del abismo; entre 1977 y 2022 hemos pasado de 1.200.000 empleados públicos, a casi 3.000.000, que deben ser sufragados por el cada vez más enflaquecido sector privado; y la deuda pública de España ha pasado del 7,3% del Producto Interior Bruto en 1977, al 116,1% del PIB en 2022, es decir, España debe la inimaginable cantidad de 1,47 billones, con “B” de burro, de euros, o lo que es lo mismo, 1.475.368.000.000 €.
Hago mía la maldición de Antonino Pestana. ¡Malrayo los parta a todos y se los lleven los demonios!
