El catedrático Domingo Gómez Orea será el encargado de moderar la jornada, el 26 de abril
Redacción / Grau
El Comité de Asuntos Rurales del Instituto de la Ingeniería de España, en colaboración con el Ayuntamiento de Cangas del Narcea, organiza esta jornada, que tendrá lugar el viernes 26 de abril y está abierta a la participación de todas las personas interesadas
El Instituto de la Energía de España (IIE), a través del Comité de Asuntos Rurales y en colaboración con el Ayuntamiento de Cangas del Narcea, ha organizado una jornada en este municipio para abrir el diálogo sobre “los planes de gestión de los espacios naturales protegidos: debilidades y forma de afrontarlos con solvencia”, poniendo el foco en el caso del parque natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias. Este foro de análisis y debate se celebrará el viernes 26 de abril, a partir de las 11.00 horas, en el Hotel Restaurante La Casilla, situado en Limes.
El catedrático Domingo Gómez Orea, presidente del Comité de Asuntos Rurales del IIE, será el encargado de moderar la jornada, que se abordará desde una perspectiva multidisciplinar.
La abogada Pilar Martínez, con una larga experiencia en este ámbito en diferentes comunidades autónomas, es una de las ponentes de este espacio de diálogo, en el que llevará a cabo un análisis jurídico y procedimental de los planes de gestión. Se centrará en el caso concreto del espacio protegido Fuentes del Narcea, Degañas e Ibias, pendiente de redacción de un nuevo Plan de Gestión, dotado de partidas presupuestarias para hacer frente a las indemnizaciones de derechos subjetivos afectados, previamente consolidados, así como de zonificar indubitadamente y realizar verdaderos procesos participativos.
Desde la organización de la jornada se alude a que las numerosas quejas relacionadas con la gestión de la Red Natura 2000 en España y de otros espacios naturales, incluyendo denuncias ante la Comisión Europea y el testimonio de numerosas organizaciones agrarias, ponen de manifiesto “notables debilidades”. Destacan la insuficiente información científica y que están basados en la aplicación de supuestos conceptuales inconsistentes. También hacen referencia a la insatisfacción de los afectados por su escasa participación, la imposición administrativa, a la que equiparan con una “especie de confiscación de la propiedad”. Asimismo, hace hincapié en que la legislación, las directrices de conservación de la administración española y los criterios de la Comisión Europea exigen taxativamente la participación, la concertación, la transparencia y la colaboración con los propietarios, en virtud del principio de corresponsabilidad, según el cual la conservación es tarea de todos y requiere la “complicidad” de quienes aportan la base territorial de lo que se protege. Se trata de obtener pautas de entendimiento y diálogo.
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