La concejala de Urbanismo, Cristina Coalla, destaca que el aluvión de proyectos en Asturias está causando «una revolución en materia urbanística y medioambiental» y que la prioridad del gobierno local es «la salud y la seguridad»
El equipo de gobierno presentará una moción conjunta con el PSOE en la que plantean al Principado medidas más restrictivas para su instalación: más distancia de las casas aisladas, masas boscosas y ganaderías, y que prime la distancia de seguridad aunque el suelo sea industrial
Redacción/ Grau
El Ayuntamiento de Grado suspenderá licencias para la instalación de parques de baterías, una propuesta que llevará a Pleno el equipo de gobierno, de IU, el próximo 16 de julio. En el concejo ya hay una petición, para un parque de nueve contenedores en la zona de El Rebollín, aunque la petición coincide con la revisión del Plan General de Ordenación, por lo que se ha optado por dar un margen de un año de suspensión de licencias en todo el Suelo No Urbanizable del concejo. Así lo anuncia la concejala de Urbanismo, Cristina Coalla, que destaca que IU llevará esta suspensión al Pleno de este mes.
«Los llamados parques de baterías están suponiendo una verdadera revolución en materia urbanística y medioambiental desde hace unos meses en todo el territorio asturiano. Hoy en día, más de un centenar de proyectos de este tipo se encuentran en fase de tramitación y pendientes de autorización por parte de la Consejería de Industria y Transición Ecológica. El problema viene cuando se promociona Asturias como un lugar idóneo para la instalación de este tipo de proyectos sin haber regulado primero las condiciones de instalación y sin contar con los ayuntamientos que, al final, serán los vecinos de los distintos municipios los que tendrán que soportar las consecuencias de dichas instalaciones», señala la concejala, una posible crítica al papel jugado por representantes del gobierno regional ante las empresas del sector.
Coalla añade que ante el aluvión de peticiones «no estaba preparado ni el propio gobierno autonómico ni mucho menos, los ayuntamientos. La gran mayoría de las administraciones locales, como es el caso de Grado, no contemplan en sus normas urbanísticas la instalación de este tipo de proyectos y, por tanto, teniendo en cuenta que tampoco el gobierno autonómico tiene, a día de hoy, unas directrices que nos marquen la línea a seguir o que nos otorguen la última palabra como sería lo lógico, se convierte en una situación compleja de gestionar por los gobiernos locales. Y no hablamos únicamente del encaje urbanístico de los parques de baterías, hablamos de lo prioritario para este equipo de gobierno que es la salud y seguridad de los vecinos, animales, así como la protección estética y medioambiental de nuestro medio rural».
Por ello, IU ha decidido llevar al Pleno la suspensión de licencias «o cualquier título habilitante que pudiese pretender en el concejo de Grado la puesta en marcha de instalaciones de almacenamiento y/o acumulación de energía. Esta suspensión se hará para el conjunto de Suelo No Urbanizable y, en principio, por el plazo de un año.Esta posibilidad se da gracias a que estamos en trámites de modificación del PGOU, toda vez que no sabemos cómo nos va a afectar la regulación que se haga desde el Principado», señala Coalla.
La concejala destaca que el Gobierno regional ha adelantado ya algunas de las líneas que desarrollará en las instrucciones sobre este tipo de instalaciones, como la distancia mínima de un kilómetro a núcleos rurales, de medio kilómetro a viviendas aisladas, y la instalación prioritaria en suelos industriales.
Moción conjunta con el PSOE
«Tras el estudio de estas líneas por parte del equipo de gobierno se ha preparado una moción, que será elevada al pleno de forma conjunta con el grupo socialista, en la que se solicita al Principado que reconsidere las líneas generales en el sentido de que las distancias de seguridad deben ser contempladas respecto a viviendas y no a núcleos urbanos. A veces se da el caso que hay viviendas aisladas que no pertenecen al núcleo urbano y sería injusto no tenerlas en cuenta, más teniendo en cuenta que estamos hablando de seguridad y salud para las personas. ¿Los habitantes de una vivienda que no esté integrada en un núcleo urbano no tienen derecho a la seguridad y salud como los que sí lo están?», señala la edil. Y apunta a que la propia normativa europea reconoce los posibles efectos sobre la salud de personas y animales de los campos eléctricos y electromagnéticos, citando la Resolución 1815 de 27 de mayo de 2011 emitida por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que «en sus consideraciones cuarta y quinta establece textualmente que “los campos eléctricos y electromagnéticos de determinadas bandas de frecuencia parecen tener efectos biológicos no térmicos potencialmente más o menos nocivos para las plantas, insectos y animales, así como para el cuerpo humano incluso cuando la exposición es a niveles que están por debajo de los valores de los umbrales oficiales».
En cuanto a la distancia de instalaciones ganaderas, también considera la distancia insuficiente, «hay estudios a nivel europeo que demuestran que este tipo de almacenamiento de energía a gran escala afecta en mayor medida a animales cuadrúpedos». «Lo mismo ocurre con la distancia a masas forestales, teniendo en cuenta que un incendio o una fuga eléctrica en un sistema de almacenamiento de ese nivel puede tener efectos muy perjudiciales para el entorno en el que se encuentran. Por tanto, la distancia de seguridad debe ser mayor para evitar una catástrofe medioambiental», añade Coalla, que sí apoya su ubicación en suelo industrial. » Este tipo de actividades son actividades industriales y deben instalarse en ese tipo de suelo o, en su defecto, suelo degradado o que no permita otros usos. Sin embargo, no debe ser este el único criterio. Por ejemplo, el polígono industrial de Grado está cerca de las casas, por tanto, aunque hubiera posibilidad de instalar las baterías allí por el tipo de suelo, esto no bastaría puesto que lo que debe primar es la distancia de seguridad», puntualiza.
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