El campo necesita ayudas para los jóvenes ganaderos.
Redacción / Grau
A partir de hoy, todos los terneros que nazcan en España estarán obligados a llevar un crotal electrónico. COAG rechaza esta obligación y exige al Ministerio de Agricultura que rectifique el Real Decreto 787/2023 que impone esta norma. “La identificación electrónica no aporta garantías adicionales, pero sí más burocracia, más dependencia tecnológica y un coste adicional que el ganadero no puede asumir. La trazabilidad ya está garantizada con el sistema actual de identificación convencional (crotal tradicional). Además, es una decisión sin consenso y sin planificación. Planas ha hecho caso omiso a las alegaciones de los ganaderos, priorizando los intereses de otros actores de la cadena de valor del vacuno que sí demandaban el cotral electrónico para facilitar su labor”, ha subrayado Mercedes Cruzado Álvarez, Secretaria Regional de COAG Asturias.
Asimismo COAG recuerda que el Reglamento Delegado (UE) 2019/2035 no impone esta obligación a nivel comunitario. De hecho, según datos de la propia Comisión Europea, únicamente cinco países han establecido de manera obligatoria la identificación electrónica en todo su territorio. “La norma española va mucho más allá de lo exigido por Bruselas. Pedimos coherencia y sensatez: que se ajuste a las verdaderas obligaciones europeas y se evite imponer cargas innecesarias al sector. Cada vez que abren la boca sube el pan… y en este caso el filete. Acabamos asumiendo más costes sin sentido”, añade Cruzado.
Entre los problemas concretos que acarrea esta medida, COAG destaca el incremento del coste tanto en crotales electrónicos como en sus duplicados, La paralización de movimientos de animales que pierdan un crotal electrónico, hasta su sustitución, y la desventaja competitiva frente a animales importados que no tienen esta obligación.
COAG redoblará sus esfuerzos para conseguir que se elimine la obligatoriedad del crotal electrónico para el vacuno y se respete el principio de proporcionalidad y viabilidad que rige en la normativa europea. “La simplificación administrativa debería ser real y no impostada. El Ministerio no puede decir en foros de Ganadería Extensiva que apuesta por soluciones dialogadas con el sector y luego aprobar disposiciones y obligaciones de forma unilateral”, explica Cruzado.
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