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Asturias suspende las licencias a los parques de baterías hasta la aprobación de la nueva normativa

El Consejo de Gobierno acordó hoy la paralización de permisos, salvo en suelos industriales, mineros o degradados o instalaciones de autoconsumo

El Consejo de Gobierno celebradpo esta mañana

Redacción/ Grau

El Consejo de Gobierno ha acordado hoy la suspensión temporal de licencias para la instalación de parques de baterías en suelo no urbanizable y ha dado luz verde al inicio de la elaboración de las directrices sectoriales que regularán estas instalaciones.

En la elaboración de la norma trabajarán dos consejerías. La formulación de las directrices corresponderá a Ordenación de Territorio, mientras que Ciencia deberá redactar el documento de avance, en el que se precisarán los objetivos que persigue la regulación, y el documento inicial estratégico de evaluación ambiental.  

Con este acuerdo, el Principado asegura que trata de «dar respuesta al significativo aumento de solicitudes para implantar este tipo de equipamientos para almacenar energía, que ha generado preocupación social ante la falta de regulación urbanística específica. Esta medida permitirá ordenar estas instalaciones en Asturias y afrontar los retos ambientales y sociales asociados a esta tecnología».

La suspensión de licencias, que estará en vigor hasta la aprobación de las futuras directrices sectoriales, no afecta a suelos no urbanizables que alberguen actividades mineras, industriales o energéticas, o aquellos en situación de abandono o degradación y que no hayan finalizado su proceso de restauración, y tampoco a instalaciones destinadas al autoconsumo con potencia instalada inferior a 3 megavatios (MW).

La elaboración de las directrices sectoriales incluirá un período de información pública, «lo que garantizará la transparencia y la participación ciudadana para conciliar la transición energética con la protección del territorio y la calidad de vida de la población», asegura el Gobierno regional, que destaca que la futura regulación servirá de base a los servicios autonómicos encargados de las tramitaciones urbanísticas y ambientales, así como a los ayuntamientos, para la evaluación de los proyectos de baterías.

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