La pasada semana saltó a los medios de comunicación la detención de una concejala de IU de Grau, acusada de resistencia a la autoridad. El relato, procedente de fuentes policiales de Oviedo, pintaba una situación de violencia de género, una mujer que se resiste a que su pareja sea detenida, que se revuelve contra los policías que actúan, que intenta prevalerse de su cargo, y que finalmente acaba en el calabozo. Siguieron siete días de silencio por parte de la propia afectada y de IU, con peticiones de dimisión por parte de la oposición, y finalmente el desenlace: la afectada explica que su marido tiene diagnosticado síndrome de Asperger, que tenía en ese momento una crisis, en la que enmarca la agresión; que el caso judicial contra él ha sido archivado y que se sintió acorralada por la actuación policial, contra la que presentará denuncia. También nos enteramos de que los siete días de silencio han sido días de forcejeo entre IU de Asturias, con una alto cargo del partido sentada en el grupo municipal (María José Miranda), y el equipo de José Luis Trabanco. Los primeros pedían tiempo para que la edil pudiera explicarse; los segundos sentían la presión de los medios y no querían que un asunto personal manchase su trabajo político. Entre medias, hay ríos de comentarios en las redes sociales, en su mayor parte mofándose de la concejala, incluso por ser víctima de violencia.
Todo el relato anterior es un compendio de lo que no debería pasar en un caso así. Es un retrato social que, no podemos negarlo, nos saca feos. Al margen de si hubo o no hubo agresión machista, la intervención policial había sido activada en ese marco. ¿Cómo es posible que los agentes en un caso de agresión de este tipo acaben deteniendo a la víctima? ¿Son todas las mujeres en estas situaciones víctimas ‘perfectas’, calmadas, llorosas, que se dejan conducir mansamente, o habitualmente son mujeres descolocadas, nerviosas, que pueden reaccionar de forma desmedida? ¿Tienen algún entrenamiento estos agentes para atender adecuadamente estas situaciones, o se limitan a tirar de alteración del orden público y calabozo? Este primer retrato de lo sucedido solo deja bien a los testigos que, muy atinadamente, avisaron de que se estaba produciendo una agresión contra una mujer.
La siguiente foto es la decisión de filtrar el relato policial a los medios, identificando el cargo de la detenida y exponiendo una situación delicada (una presunta agresión de violencia de género) al debate social. No hay presunción de nada, no hay ningún miramiento a la hora de difundir públicamente los hechos, que se presentan como un altercado de orden público en el que la concejala intenta prevalerse de su cargo para intentar, supuestamente, un trato de favor. Desconozco si realmente la edil tiró de «no sabe usted con quién está hablando», pero de lo que no cabe duda es que la noticia se filtró precisamente por el perfil público de la detenida. Visto cómo fue recibido socialmente este relato, no se sabía cuál era el mayor crimen cometido por la edil: ¿Recibir una bofetada de su marido? ¿Perder los nervios en ese contexto y acabar detenida? El crimen debió ser tremendo, porque la condena social lo es. Nadie se preguntó, sin embargo, si es adecuado que en un contexto de violencia de género (por eso estaban actuando los agentes) la Policía facilite datos públicos que lleven a la identificación de la víctima, con el daño asociado a su intimidad y sin que el caso haya pasado, aún, por ningún juzgado. Segundo retrato social poco favorecedor.
La tercera foto es cómo se asume socialmente la noticia. La prensa presiona para sacar más, en las redes se suceden los comentarios que la criminalizan, llegan las mofas, poniendo sobre todo el acento en avergonzar a la edil precisamente por ser víctima de una agresión y además, feminista. Ahí el retrato social es demoledor, ya no solo feo: se mezcla el cotilleo con el machismo, y vuelve al primer plano algo que ya creíamos superado, el estigma a la víctima.
Por último, todo acaba con la concejala destituida de todos sus cargos. A falta de más información y siendo conscientes de que mantener el silencio del grupo municipal de IU durante siete largos días era insostenible, que quizá la concejala habría hecho bien en dar un paso a un lado y que tendría que haberse puesto en marcha una estrategia mediática que ofreciera alguna respuesta, el resultado final (la criminalización, vergüenza pública y aislamiento de una presunta víctima) deja un retrato demoledor del campo de minas por el que aún caminamos las mujeres.
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