El juzgado fija una fianza de 242.000 euros para el exalcalde de Cangas y un representante vecinal por la obra, investigada tras una denuncia de FAPAS

Redacción / Grau

El caso por la construcción de una pista forestal en el entorno de Cubiella-Llanos de Sierra, en Cangas del Narcea, llegará finalmente a juicio oral cuatro años después de que se iniciara la investigación judicial. El Tribunal de Instancia, Sección Civil y de Instrucción de Cangas del Narcea ha acordado mediante un auto fechado el pasado 11 de septiembre la apertura de juicio oral contra el exalcalde del municipio y el representante de la agrupación de vecinos Cubiella-Llanos de Sierra por un presunto delito contra la ordenación del territorio, según informan los denunciantes del caso, la organización conservacionista FAPAS.

La investigación se conoció públicamente en febrero de 2022, cuando el entonces alcalde, José Víctor Rodríguez, fue citado a declarar en calidad de investigado. Según informó entonces La Voz de Asturias, la causa se había abierto también contra un palista y tenía su origen en la comunicación realizada por FAPAS a la Guardería del Principado y al Seprona sobre la construcción de una pista forestal en una zona de alto valor ecológico del Parque Natural de Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias. El Seprona investigó los hechos y trasladó sus actuaciones a la Fiscalía, que promovió la investigación por un posible delito sobre la ordenación del territorio.

En aquella fase, FAPAS ya reclamaba la restauración del daño causado y la reposición de los hábitats y ecosistemas afectados a su estado anterior. La organización ambiental se encuentra personada como acusación en el procedimiento, bajo la dirección letrada del abogado Eduardo Gil Delgado. Cuatro años después, el auto de apertura de juicio oral establece una fianza de 242.000 euros para los acusados, destinada a responder de las posibles responsabilidades civiles derivadas del procedimiento y de la reparación del daño y restitución del espacio afectado.

El auto, siempre según la información hecha pública por FAPAS, establece además que los acusados deberán «indemnizar al Principado de Asturias en el importe de los perjuicios medioambientales que acreditare en ejecución de Sentencia». La asociación sostiene que FAPAS sostiene que la actuación supuso la alteración de un hábitat natural de especial valor y afectó a especies protegidas presentes en el entorno, entre ellas el oso pardo y el urogallo cantábrico.

El letrado de FAPAS, Eduardo Gil Delgado, considera «chocante o paradigmático» que la eventual restitución del patrimonio natural y la indemnización por los perjuicios ambientales puedan derivarse de la actuación de una organización ambiental personada como acusación, al tiempo que señala que el Principado de Asturias no se ha personado en esta causa penal.

La apertura de juicio oral supone el siguiente paso procesal de una causa que comenzó a investigarse en 2022. Será durante el juicio cuando se determinen las responsabilidades penales y civiles que, en su caso, correspondan a los acusados.