USAGA, que compareció en la comisión de investigación en la Junta, reclama un giro radical en las políticas «que condenan a ganaderías enteras por un positivo»
El Gobierno central crea un Comisionado por el reto demográfico
Redacción/Grado
El despoblamiento y una política que no atiende a las necesidades de los trabajadores del campo y provoca el abandono de los pueblos. El sindicato USAGA criticó hoy la política agraria en la Junta General del Principado, durante la comisión de investigación de la ola de incendios de diciembre de 2015. El secretario de la organización agroganadera, Fernando Marrón, defendió que el problema del fuego «se agrava con el clima, como ocurrió en 2015, y no se resuelve con más medios para apagar el fuego. Hay que evitar que se produzca la desertización del campo. Los ganaderos tenemos mucho que decir, porque la PAC nos hace directamente responsables: firmamos un contrato nominal responsabilizándonos del cuidado de determinadas hectáreas. Es la falta del paisano que cuida el monte la que lo llena de matorral, y ahí es donde el fuego se ceba», señaló Marrón. El sindicato considera que las políticas «en vez de apoyar que haya relevo generacional, agobian al ganadero, con burocracia, con agravios. La semana pasada en Cantabria le sacrificaron más de cincuenta reses a un ganadero por un positivo en tuberculosis bovina, y a los pocos días, en Madrid los políticos indultaron a una vaca que estaba en un santuario animal, que yo ni sabía que existían, porque hubo una campaña de recogida de firmas por Internet. Una vaca que no llevaba ni crotal. Si lo hace un ganadero, le crujen», criticó Marrón. «Es un ejemplo de cómo funcionan las cosas. Hay auténticos atropellos todos los días, con falsos positivos. La situación se hace insoportable, por eso los pueblos están desiertos», criticó.
El problema del despoblamiento rural, con 10 comunidades autónomas con saldo vegetativo negativo (es decir, con más muertes que nacimientos), afecta en especial a Asturias, donde los fallecimientos duplicaron el año pasado a los recién nacidos, con una cifra solo superada por Galicia y Castilla León. Tras la conferencia de presidentes autonómicos del pasado enero, el Gobierno central ha creado un nuevo órgano, un Comisionado, para luchar contra el despoblamiento rural, y ha designado para el cargo a Edelmira Barreira, una estrecha colaboradora de Soraya Sáez de Santamaría, senadora por el PP. El comisionado coordinará grupos de trabajo para desplegar políticas que intenten frenar el despoblamiento rural, un problema que sufre la comarca, en la que todos los concejos, salvo Santo Adriano, perdieron población en 2016, según las cifras del INE. En total, los concejos del Camín Real de la Mesa contaban en 2015 con una población de 22.426 personas, y cerraron el año 2016 con 22.053 habitantes, 373 habitantes en un año. El municipio que más población pierde es el que más tiene, Grado, que ve su padrón municipal reducido en 182 personas, al menos según los datos provisionales de 2016. El cercano concejo de Salas también registra la misma tendencia, ya que pasó de 5.361 habitantes a 5.260.
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