El alcalde defendió en la Audiencia que no propuso a la aspirante a juez de paz porque no residía en Somiedo, y que actuó siempre con informes legales favorables del secretario municipal
«Yo quedé asustado, con tal de no nombrarla volvió a proponer para el cargo a dos empleadas municipales que él mismo había declarado incompatibles», manifestó en la vista el concejal del PP José Antonio Berdasco, testigo de la fiscalía
L. S. N./Oviedo
Un trámite menor (el nombramiento de juez de paz de Somiedo, un cargo que no conlleva un salario ni un ejercicio especialmente delicado) ha llevado al banquillo de los acusados al alcalde del concejo, Belarmino Fernández Fervienza, y a cuatro de sus concejales. Todos afrontan una petición de inhabilitación para el ejercicio de cargo público por presunta prevaricación, que en el caso de Fernández Fervienza podría llegar hasta los 14 años. La fiscalía y la acusación particular les acusan de maniobrar para impedir el nombramiento de un familiar de una rival política, la portavoz de la oposición, Josefina Álvarez (entonces de Foro y en la actualidad, del PP).
El caso consumió toda la mañana en la sección tercera de la Audiencia Provincial, presidida por el magistrado Javier Domínguez Begega, y se reanudará mañana, para los últimos testimonios y las conclusiones de acusaciones y defensas. El polémico nombramiento, con una enrevesada tramitación administrativa, se remonta a abril de 2016, cuando el Pleno del Ayuntamiento debía proponer juez de paz y juez de paz sustituto. Concurrían tres aspirantes: Sara Álvarez, sobrina de la portavoz de la oposición, y dos empleadas municipales. Durante aquella sesión, la portavoz de la oposición se ausentó, y su compañero de grupo, José Antonio Berdasco, alegó que el cargo de juez de paz era incompatible con el trabajo en el Ayuntamiento. Ante esta advertencia, que dejaba en teoría fuera a dos de las tres candidatas, el expediente quedó sobre la mesa. Una semana después el alcalde firmó un decreto declarando la incompatibilidad de las dos empleadas municipales, pero no nombró juez de paz, abrió un nuevo procedimiento para cubrir los puestos. Un mes más tarde, se cubrieron los cargos, con aspirantes que se habían presentado a la nueva convocatoria, entre las que no figuraba la sobrina de Josefina Álvarez. La joven excluída recurrió al contencioso, y ganó el recurso. En aplicación a este fallo judicial, el Pleno se volvió a reunir, y el alcalde y sus concejales volvieron a proponer a las dos empleadas municipales, ignorando a la tercera aspirante, que no tenía ninguna incompatibilidad. Ambas renunciaron posteriormente al cargo, ya que aceptarlo implicaba perder su empleo, de manera que quedó cubierto con las personas designadas en la segunda convocatoria, y la sobrina de la portavoz de la oposición quedó fuera.
Belarmino Fernández Fervienza declaró durante más de una hora, y defendió que siempre actuó con informes jurídicos favorables del secretario municipal, y que en ningún momento hubo «una conjura» para vetar a la sobrina de la portavoz de la oposición. Según su relato, desconocía que las empleadas municipales no pudieran hacer compatible su trabajo con ser jueces de paz, ya que una de ellas lo había sido ya con anterioridad, «y el Tribunal Superior de Justicia nunca nos había indicado nada en este sentido». Cuando fue advertido en el Pleno por el concejal Berdasco, dejó el asunto sobre la mesa, y consultó con el secretario municipal (el funcionario encargado de velar por el cumplimiento de la legalidad). «Como con una sola aspirante no cubría los dos puestos, que eran de juez de paz y de juez de paz sustituto, decidí declarar la incompatibilidad de las dos empleadas municipales y ampliar el procedimiento, para que se pudieran presentar más candidatos», declaró el alcalde. En esta segunda convocatoria se presentaron otras aspirantes, entre las que se seleccionó a dos, que no tenían incompatibilidad legal. «Nosotros lo que queríamos era que la persona que fuera juez de paz tuviera disponibilidad, es decir, residiera o trabajara en Pola de Somiedo, porque habíamos recibido varias quejas porque se tardaba mucho en algunos trámites, como fes de vida, o certificados de nacimiento o defunción. Nunca valoramos que ésa candidata fuera sobrina o no, o tuviera una opción política u otra. Sí nos pareció relevante que en su curriculum ponía que vivía en Las Regueras. Nosotros necesitábamos a alguien en Somiedo», zanjó el alcalde, que insistió en que «bajo ningún concepto hubo conjura alguna» para no designar a la sobrina de la portavoz de la oposición. Respecto a porqué en el último de los tres plenos que se celebraron sobre el conflictivo nombramiento decidieron volver a proponer a dos empleadas que sabían que eran incompatibles con el ejercicio del cargo, Fernández Fervienza destacó que «a nosotros lo que nos quedó claro es que no teníamos potestad para declarar la incompatibilidad. Yo había declarado la incompatibilidad en un decreto que me anularon, así que no podía volver a pronunciarme sobre si era incompatible o no el cargo: se trataba de una incompatibilidad sobrevenida, es decir, se decidía con posterioridad, era competencia del TSJA, no del Pleno».
En el mismo sentido se manifestaron los ediles y exediles que se sentaron con él en el banquillo (José Luis Valle, Alfonso Menéndez, Angelita García y Azucena Lorences). Todos insistieron en que les parecía crucial que el juez de paz y el juez de paz sustituto vivieran o trabajaran en Somiedo, y en que actuaron siempre de acuerdo a las indicaciones del secretario.
La aspirante a juez de paz, Sara Álvarez, criminóloga de profesión, también declaró en la vista, asegurando que se había sentido discriminada en el proceso, al que había optado para completar su formación y su experiencia laboral, en una época en la que había acabado de estudiar y no tenía empleo. Y atacó la línea principal de la defensa, ya que aseguró que sí residía en Somiedo, en la casa de sus padres, lo que era sabido en un concejo donde «nos conocemos todos». En su declaración también hizo hincapié en que había decidido presentarse al cargo en contra del criterio de su tía, de la que se desvinculó políticamente. «Actué por mi cuenta, y según mi criterio», dijo. Los abogados de la defensa quisieron destacar, durante el interrogatorio, que el domicilio que figuraba en el expediente no estaba en el concejo de Somiedo. «En el curriculum figuraba un domicilio de Lazana, en Las Regueras», insistieron. Álvarez aclaró que se trataba de la dirección que usó cuando estudiaba en Oviedo, y que no la había cambiado en el curriculum. Los abogados de la defensa destacaron que el certificado médico que aportó al expediente también constaba expedido en el centro de salud de Santullano, en Las Regueras.
También fueron llamadas a declarar las dos empleadas municipales que se presentaron a juez de paz y luego se retiraron por incompatibilidad con sus empleos. Ambas aseguraron que nadie las presionó para presentarse, que lo hicieron para prestar un mejor servicio ciudadano porque había quejas por la ausencia del juez de paz, y que desconocían la incompatibilidad con su empleo, ya que incluso una de ellas había sido juez de paz con anterioridad.
El último testigo fue el concejal de la oposición (antes de Foro, ahora del PP) Jose Antonio Berdasco, que aseguró que la celebración del último pleno, cuando el PSOE volvió a proponer a dos aspirantes ya claramente incompatibles con el cargo, le dejó «asustado». «Quedé asustado. Con tal de no nombrarla volvieron a proponer a dos empleadas municipales que en un decreto habían reconocido que eran incompatibles. Era como si ella no existiera, como si no hubiera presentado nada».
Mientras que la fiscalía y la acusación particular intentaron en todo momento demostrar que se había forzado la gestión administrativa para neutralizar a la sobrina de Josefina Álvarez por motivos políticos, las defensas hicieron hincapié, sobre todo, en que la candidata no cumplía uno de los aspectos más valorados, la disponibilidad de vivir o trabajar en el concejo, y en que toda la tramitación se hizo siguiendo el asesoramiento jurídico del secretario, que no hizo ninguna advertencia de ilegalidad.
La vista había comenzado sobre las diez y media de la mañana. Pasadas las dos de la tarde el presidente del tribunal cerró la sesión, y emplazó a los asistentes a reanudarla mañana, cuando se espera la declaración de un perito y de la portavoz de la oposición y tía de la aspirante a juez de paz, Josefina Álvarez.
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