Los sindicatos respaldan a Orovalle, que afronta una denuncia millonaria por contaminación
CCOO asegura que desde 2016 «la empresa está haciendo inversiones en materia medioambiental importantes para que el proyecto sea sostenible»
Califican de «exagerada y fuera de lugar» la acusación, y afirman que siempre se facilitó información en la que se acreditaban sus medidas medioambientales
Mina de oro de Boinás
Redacción / Grado
CCOO respalda a la empresa Orovalle, que afronta una denuncia millonaria por contaminación. Desde el sindicato se asegura que «desde 2016 por parte de Orovalle se están haciendo inversiones en materia medioambiental importantes para que el proyecto sea sostenible, que por parte de la dirección exponen que las mediciones desde esa fecha están todas correctas y cumpliendo normativa, alegando además que en aquella fecha parte de las muestras que detectaban los productos fueron aguas arriba de la explotación».
Este sindicato «apuesta firmemente por el proyecto y porque éste se lleve a cabo con todas las medidas y actuaciones necesarias para que sea medioambientalmente sostenible». Otras fuentes consultadas cercanas al comité de empresa señalan que la denuncia «está totalmente fuera de lugar. Es exagerada la declaración de que los vertidos generaron daños graves al río Cauxa. En su momento la dirección de la empresa en aquellos momentos facilitó numerosa documentación acreditada sobre la cuestión. Esto suena más a envenenamiento político o de los llamados ecologistas a hacer daño a la compañía».
El próximo lunes comenzará la vista oral en el Juzgado de Grado. La Fiscalía del Principado de Asturias solicita el pago de una multa de 20 millones de euros a la empresa Orovalle, por la presunta contaminación de las aguas del río Cauxa, afluente del Narcea. La acusación, por un delito continuado contra los recursos naturales y el medio ambiente, va dirigida contra la mercantil Kinbauri España SL (actualmente Orovalle Minerals SL). La empresa, por su parte, ha anunciado que pedirá la libre absolución, ya que considera que «ha acreditado que no se ha producido ningún daño medioambiental y defiende y confía en su libre absolución.
