José Ramón González defiende en el Pleno que su denuncia «sólo pretende clarificar hechos gravísimos, que han causado más de 300 positivos, cierre de negocios y decenas de personas aisladas» y sostiene su derecho a pedir explicaciones: «a mí no me van a callar»
El PP propone que el equipo de gobierno haga públicos los informes sanitarios de los ediles y de los rastreadores, y el alcalde les acusa de criminalizar a todos los contagiados
Redacción/Grado
La tensión entre el equipo de gobierno y Ciudadanos por la petición de la formación naranja de que se investigue la presencia de concejales del equipo de gobierno en las presuntas fiestas ilegales que originaron el brote de Grado centró ayer gran parte del Pleno moscón, que se celebró de forma telemática. IU presentó una moción, que se aprobó con sus votos, el rechazo del PP y Cs y la abstención del PSOE, en la que reclamaba a José Ramón González la dimisión por acusar al equipo de gobierno de encubrimiento y «lanzar acusaciones sin ninguna prueba». La moción, firmada por la concejala de Seguridad Ciudadana, Ana Miranda, fue defendida por el concejal de Educación, Pablo Fernández, que acusó a González de imputar al equipo de gobierno «no uno, sino dos delitos», la asistencia a fiestas ilegales y el encubrimiento. El portavoz de Ciudadanos insistió en que el tenor literal de su moción se limitaba a pedir que se investigara si había habido ediles en las fiestas, y que no había citado a ninguna persona concreta. «La reacción lógica habría sido contestar con tranquilidad que se investigaría en profundidad, porque en un caso como el que ha sufrido Grado es imprescindible la transparencia y que se clarifiquen todas las circunstancias. No comprendo esta reacción desproporcionada. Además, hay aún una investigación abierta, y debería esperarse a sus resultados», defendió el concejal de Ciudadanos, que insistió en que se limitó a hacer su trabajo como concejal de la oposición, pidiendo explicaciones sobre «una preocupación que me transmitieron muchos ciudadanos». «Usted ha sembrado la duda y acusado de delitos sin ninguna prueba, es algo muy grave, y tendría que poner su acta a disposición. Si yo pido a las fuerzas de seguridad que investiguen si ha participado en el atraco a una farmacia, estoy sembrando la duda, tiro la piedra y escondo la mano. Son acusaciones sin pruebas basadas en rumores y habladurías«, argumentó el concejal de IU. El alcalde, José Luis Trabanco, insistió en que no hubo concejales en fiestas ilegales. «He hablado con todos, y lo niegan. Les creo», dijo. «Si demuestra que un concejal mío estuvo en fiestas ilegales, dimitirá; pero si se demuestra que no, debe irse usted», retó Trabanco. José Ramón González no recogió el guante, e insistió en su derecho en pedir explicaciones y aclaraciones. «Sólo pretendo clarificar hechos gravísimos, que han causado más de 300 positivos, el cierre perimetral del concejo, clausuras de negocios, la suspensión del mercado y decenas de personas aisladas. Si por hacer mi trabajo de oposición creen que debo irme, lo que muestran es su talante dictatorial. Quieren brazos de madera que digan todo que sí al amado líder. No quieren una oposición valiente. Pero lo siento, a mí no me amedrentan, no me van a callar».
En el rifirrafe también intervinieron los otros dos grupos de la oposición, PP y PSOE, aunque con distinto tono. El socialista Ricardo Solar se desmarcó de la polémica, anunciando su abstención ante la moción, y defendió que el encontronazo está alejado de las preocupaciones de los moscones. «Lo urgente es la situación sanitaria, los problemas de los autónomos, atender las necesidades del concejo en un momento tan difícil», sostuvo Solar, que sí recriminó a Ciudadanos que lance «acusaciones sin pruebas». El PP se alineó con Ciudadanos, y retó en varias ocasiones a IU a cumplir su amenaza de llevar el asunto a los tribunales, hasta el punto de que Trabanco preguntó a la portavoz popular, Patricia Álvarez, si tenía algún interés personal en llevar a José Ramón González al juzgado. «Sólo me intereso por si cumple lo que ha anunciado públicamente», replicó Patricia Álvarez, que defendió el derecho de José Ramón González a pedir que se llegue hasta el fondo de las circunstancias del brote de Grado. Álvarez considera que no cabe pedir dimisiones cuando hay una investigación sobre las presuntas fiestas abierta, pero planteó que se hagan públicos los datos sanitarios y de los rastreadores. «Si yo y mi compañera Ámbar estuviéramos en un caso similar, daríamos información de dónde estuvimos en las fiestas navideñas, y también haríamos públicos los informes sanitarios y los de los rastreadores, en caso de haber estado contagiadas. Es así como se cierran bocas», afirmó. Una propuesta a la que Trabanco contestó acusando a la portavoz del PP de criminalizar a las personas contagiadas. «No todos los que han tenido covid en Grado estuvieron en fiestas ilegales». Álvarez rechazó tajantemente la acusación, «en ningún momento he dicho eso».
Tanto PP como Ciudadanos achacaron al equipo de gobierno de IU haber descuidado sus deberes de vigilancia para evitar la celebración de fiestas y las aglomeraciones en locales hosteleros, algo que, insistieron, debería haberse previsto. Una recriminación que suscitó la autocrítica del equipo de gobierno. «La vigilancia es una competencia compartida. Estamos estudiando lo ocurrido en Navidad, porque está claro que no puede repetirse», afirmó Pablo Fernández.
En la sesión se aprobó la modificación de las ordenanzas fiscales que permitirán eximir a los hosteleros y a los vendedores del mercado del pago de las tasas por ocupación de suelo, que dejarán de cobrarse cuando los cambios entren en vigor, «en marzo o en abril». Tanto PP como Ciudadanos, que apoyaron el acuerdo, que salió adelante por unanimidad, criticaron que no se adoptara antes, lo que habría permitido que entrara en vigor el 1 de enero.
Se aprobó además una moción de Ciudadanos por la que todos los miembros de la Corporación se comprometieron a asumir responsabilidades en el caso de que alguien incumpliera el orden de vacunaciones (lo que en Grado no ha ocurrido), y se rechazó una propuesta del PP para hacer un informe con todas las incidencias de la TDT y TV, para exigir su reparación al Principado. Tanto PSOE como IU defendieron que las incidencias que se detectan son informadas directamente al Principado para su reparación.
Además de la investigación de varios caminos públicos, la sesión dio luz verde al convenio con el Ente de Servicios Tributarios del Principado para que se haga cargo de la recaudación de los impuestos municipales, ya que hay una sentencia que impide que se haga sólo cargo de los impuestos impagados, es decir, del cobro en vía ejecutiva, como venía ocurriendo hasta ahora.
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