Ovidio Zapico reclama que se abra «dialogo social» para que la nueva adjudicataria de servicios subrogue el actual personal
Redacción/Grado
Izquierda Unida ha pedido hoy que se abra el diálogo social para garantizar los derechos de trabajadores que prestan su servicio en el ERA afectados por la licitación del servicio al que pertenecen y cuyos contratos, parece, la nueva adjudicataria pretende no subrogar. El diputado Ovidio Zapico ha denunciado esta situación cuyo «epicentro» está en la residencia de Grado y ha hecho un llamamiento público a la gerente del ERA, Ana Suárez Guerra, y a la Consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, para que solucionen la controversia. «Esto tiene que estar resuelto antes del uno de mayo, por lo tanto, antes del viernes de esta semana. Queremos saber, durante todos estos días, si están hablando con esta empresa para subsanar esta problemática», ha enfatizado el parlamentario. Los puestos afectados están en las áreas de portería, custodia y control de accesos.
Para Zapico, es necesario que el Principado de Asturias haga cumplir las bases de la licitación que, ha explicado, supone que se subroguen los contratos actuales, incluidos los de los trabajadores pertenecientes a una cooperativa, que son los que, en este caso, se están viendo afectados. A día de hoy, varios de esos trabajadores no sólo no han sido contratados sino que tienen la comunicación de que sus contratos serán rescindidos. El coordinador de IU insistió en la necesidad de que la Administración regional «cite» a la empresa adjudicataria para abrir el «diálogo social» para que se subrogue «de forma inmediata» los contratos de los cooperativistas que en estos momentos ven peligrar su empleo.
Según Ovidio Zapico, la situación tiene epicentro en Grado, donde cinco personas están afectadas, pero con un alcance global para toda la comunidad autónoma ya que, a su juicio, transigir con este planteamiento supone poner en peligro de forma potencial otros contratos en el resto de Asturias y, además, la penalización de un modelo laboral, el del tipo cooperativista, que no es aceptable, más porque, ha recordado el diputado, va en contra de la ley y de la jurisprudencia.
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