Sube la tensión en Orovalle por las sanciones a trabajadores tras la huelga
El comité de empresa de la mina de Belmonte denuncia que la dirección pretende sancionar a empleados que no pudieron cumplir los servicios mínimos por los cortes de carretera realizados en el marco de las movilizaciones
Trabajadores concentrados ante el acceso a la mina, el pasado 27 de diciembre
Redacción/Grado
La tensión laboral en la mina de oro de Orovalle en Boinás, en Belmonte de Miranda, sigue aumentando. El comité de empresa, integrado por representantes de CC OO, USO, SOMA-UGT y CSI, denuncia que la dirección de la empresa ha abierto «numerosos expedientes sancionadores» a los trabajadores y trabajadoras que estaban asignados a los servicios mínimos pero que no pudieron incorporarse «debido a los cortes de carretera ocurridos durante el transcurso de las jornadas de movilizaciones».
Los sindicatos acusan a la dirección de mantener «prácticas autoritarias y represivas», y denuncian que se niega a «mantener unas relaciones laborales cordiales y basadas en el diálogo con la parte social», tras anular las dos últimas reuniones previstas con los trabajadores, «alegando razones de fuerza mayor que no tienen otro motivo que provocar el desánimo en el objetivo de alcanzar cualquier tipo de acuerdo». La empresa justificó la suspensión de las reuniones por causas sanitarias y se están buscando fechas para retomar las reuniones.
El Comité de Empresa reclama en un comunicado que «se vuelva a la senda de la negociación, de lo contrario nos obligará a mantener un escenario de contundentes movilizaciones con el fin de cumplir los acuerdos alcanzados y defender los derechos laborales» de la plantilla.
Las jornadas de huelga se celebraron a finales del pasado mes de diciembre, con numerosas barricadas y actos de protesta, calificados de «vandálicos» por la empresa, que consideró que la convocatoria era «desproporcionada». El conflicto gira en torno a la aplicación del convenio y las tablas salariales, y la empresa asegura también que de fondo está la negativa a aplicar acuerdos como los controles de alcoholemia y drogas, previsto en el Plan sobre Consumo de Drogas y Alcohol.
