Los vecinos concluyen tras reunirse con el viceconsejero Isaac Pola que «nadie está libre de que le planten contenedores eléctricos junto a su casa» y convocan una asamblea el viernes en Illas

Redacción/ Grau

La Plataforma Stop Baterías, que agrupa a vecinos de localidades afectadas por proyectos de instalación de este tipo de almacenes de energía, ha pedido públicamente a la consejería de Ordenación del Territorio, en manos de IU, que «ponga pie en pared» y «frene los abusos» de la consejería de Transición Ecológica e Industria, gestionada por el PSOE, a la hora de definir las directrices de instalación de este tipo de instalaciones. La Plataforma ha hecho público un balance de cómo ven la situación, tras una reunión con el viceconsejero de Industria, Isaac Pola, y la reciente designación de Belarmina Díaz, hasta ahora directora general de Minas, como consejera.

«La conclusión que sacamos es que nadie está a salvo de que le planten unos contenedores de baterías al lado de su vivienda, o de su explotación agroganadera, sea cual sea el tipo de suelo donde se hallen: no urbanizable, o colindante con suelo industrial. El viceconsejero reconoció que para elaborar las zonas de exclusión se tendrá muy en cuenta la cercanía
de los proyectos de baterías a las infraestructuras ya existentes – léase nodos de conexión a la red eléctrica y subestaciones – aduciendo como justificación la normativa europea», señala la Plataforma, que planteó al viceconsejero un caso hipotético, si se podrían instalar estos parques en un perímetro de tres kilómetros en torno a una subestación, en el que el suelo fuera no urbanizable de núcleo rural. «El viceconsejero admitió que sí podría darse el caso, porque las directrices no van a ser un sistema de protección integral. En resumen: ni todo el suelo no urbanizable va a estar protegido por zonas de exclusión, ni mucho menos van a estarlo las propiedades colindantes con suelo industrial. Por lo tanto, si la normativa que finalmente se aprueba va en la línea de lo manifestado por el viceconsejero de Industria, nadie puede
considerarse a salvo de las baterías», concluyen los vecinos, que han convocado una reunión el viernes, 7 de febrero, en Callezuela, Illas, a las 18,00 horas.

Los vecinos también ven con alarma el nombramiento de Belarmina Díaz, a la que acusan de «poner alfombra roja a las eléctricas» tras su participación en un congreso celebrado en 2023 en el que manifestó que los parques de baterías eran «estratégicos». Y alertan también de que una de las empresas ha planteado un contencioso administrativo contra el acuerdo de la CUOTA del 31 de julio.

Industria asegura que será «garantista» con los valores rurales y ambientales

Tras la reunión con Stop Baterías, que se celebró a finales de enero, la consejería hizo público un comunicado en el que destacó que «en aquellas instalaciones que se plantean en suelo urbanizable industrial la compatibilidad urbanística es evidente, no es discutible, aunque para eso se realiza la tramitación: para ver otros intereses que puedan concurrir y que lógicamente deben ser equilibrados en la resolución de la tramitación». Respecto a las futuras directrices sectoriales, insistió en que «se quiere proteger el modelo de implantación rural asturiano y, obviamente, se tendrán en cuenta aspectos de carácter ambiental, urbanístico, de prevención de accidentes e incidentes y de protección de la salud».

Respecto a la tramitación (autorización administrativa previa) de nuevos proyectos, Pola insistió en que «solo marca el inicio del procedimiento administrativo y en ningún caso presupone que éste se vaya a aprobar, pues requiere además de una tramitación medioambiental y urbanística. Según indicó, la tramitación sigue un «procedimiento reglado» que «obliga» a la consejería a tramitar los proyectos que cumplen con la normativa, como la presentación de los avales necesarios y la disponibilidad de acceso y conexión a la red. Trámites, ha precisado, que son «garantistas» y «tratan de preservar no solo el interés público superior fijado por la UE para este tipo de instalaciones, sino también la perspectiva medioambiental, urbanística, la protección de la salud y la prevención de accidentes e incidentes». «Pese a la alarma que plantean este tipo de instalaciones, estamos obligados a realizar esas tramitaciones sin prejuzgar el resultado de las mismas», ha remarcado el viceconsejero.