Marcelino Marcos defiende los controles poblacionales del lobo: “La especie está en expansión”

El consejero de Medio Rural presenta al Consejo Consultivo del Lobo de Asturias el censo de 2025, que refleja un aumento del 11% en el número de ejemplares

Redacción/ Grau

El consejero de Medio Rural y Política Agraria del Principado, Marcelino Marcos Líndez, defendió este jueves la necesidad de mantener los controles poblacionales del lobo tras presentar al Consejo del Lobo de Asturias los datos del censo correspondiente a 2025, que reflejan un incremento del 11% en el número de manadas de la especie.

Según explicó el consejero, Asturias cuenta actualmente con 50 manadas de lobo, de las cuales 45 son reproductoras, mientras que otras cinco permanecen en observación a la espera de ser confirmadas en futuros censos. Marcos Líndez subrayó que estos datos evidencian que el lobo “sigue aumentando su expansión territorial y cuantitativa” y que la especie se encuentra en un “estado favorable”.

El titular de Medio Rural recordó además que el programa de control poblacional ejecutado entre el pasado año y el inicio de 2026 alcanzó un grado de ejecución del 83%, con 31 ejemplares abatidos, además de otros 13 fallecidos por distintas circunstancias.

Marcos Líndez defendió la fiabilidad del censo, frente a las dudas expresadas por el Ministerio, y aseguró que los estudios se realizan con una metodología “contrastada” y aplicada desde hace más de una década, avalada científicamente y desarrollada por personal técnico de la Administración.

El consejero avanzó también que la modificación del decreto que permitirá aprobar el nuevo programa de control poblacional para 2026-2027 continúa en fase de información pública hasta el próximo 28 de mayo. La previsión del Gobierno asturiano es que el texto pueda quedar aprobado durante el mes de junio para adaptar las medidas de control a los datos actualizados del censo.

Durante su intervención, Marcos Líndez incidió asimismo en el impacto del lobo sobre la ganadería asturiana. Según los datos facilitados, en el último año se registraron daños en 3.903 cabezas de ganado, con indemnizaciones que alcanzaron los 1,9 millones de euros, aunque advirtió de que la cifra real podría ser superior debido a ataques que no llegan a comunicarse oficialmente.

El consejero insistió en que el objetivo del Principado pasa por compatibilizar la conservación de la especie con la actividad económica y ganadera en el medio rural, en un contexto que calificó de “muy polarizado” socialmente y marcado por recursos judiciales que han afectado al desarrollo de los programas de control.